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Velasco califica de "chantaje" el paro en salud y pide que Gobierno asuma el bono de vacunación

El gobernador de Santa Cruz aseguró que las medidas de presión perjudican a la población, afirmó que el bono de vacunación es una competencia financiada sin recursos y sostuvo que debe ser cubierto por el Ministerio de Salud. 

Velasco rechaza el paro en salud y cuestiona el bono de vacunación. Foto archivo/Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

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El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, cuestionó el paro llevado adelante por trabajadores del sector salud y aseguró que la población no puede continuar siendo afectada por medidas de presión que, a su criterio, no representan a la mayoría del personal sanitario.

Durante un contacto con los medios, la autoridad afirmó que el conflicto responde a intereses sindicales y no al sentir de los trabajadores. "La gente es rehén de algunos sindicatos que no representan a los trabajadores", sostuvo.

Respecto a la situación en los hospitales de tercer nivel, cuya administración corresponde a la Gobernación, Velasco indicó que el escenario es similar y calificó las protestas como "chantajes".

Uno de los principales puntos abordados por Velasco fue el bono de vacunación, beneficio cuyo pago es uno de los reclamos del sector.

La autoridad explicó que este incentivo fue creado hace más de 20 años para cubrir gastos logísticos y de refrigerio del personal que debía trasladarse a comunidades alejadas durante las campañas de inmunización, cuando existían menos centros de vacunación y mayores dificultades de transporte.

Sin embargo, sostuvo que las condiciones actuales son diferentes y consideró que el beneficio ya no responde a la realidad del sistema sanitario. Además, cuestionó que la Gobernación tenga que asumir ese gasto sin contar con recursos específicos para financiarlo.

"El bono de vacunación es una competencia sin recursos. Si lo quieren seguir pagando, que lo pague el Ministerio de Salud, que es quien le corresponde", manifestó.

Velasco reiteró que la revisión del beneficio debe ser encarada por el Gobierno nacional y la Asamblea Legislativa, ya que la Gobernación no tiene competencia para modificar esa normativa.

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