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El Gobierno se apersonó formalmente al proceso por los 189,5 kilos de oro retenidos en Viru Viru y que la investigación debe establecer si hubo participación de empresas y funcionarios en la salida irregular del mineral.
23/07/2026 23:04
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El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García Delfín, informó que el Gobierno se apersonó formalmente al proceso por el caso de los 189,5 kilos de oro retenidos en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.
La autoridad señaló que el hecho abre al menos tres líneas de trabajo: la investigación penal, la revisión de los sistemas de control y la posible responsabilidad de funcionarios públicos por acción u omisión.
Investigarán si hubo consorcio con funcionarios
García advirtió que la investigación debe establecer si existió una relación entre la empresa involucrada y servidores públicos para facilitar la salida del oro.
“Si hay alguien que está operando con esta empresa o con cualquier otra en defraudar al Estado, por supuesto que tiene que ser corresponsable el funcionario que permite con la empresa que propone o promueve”, sostuvo.
La autoridad afirmó que se debe esclarecer si hubo “consorcios entre empresas con funcionarios públicos” para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
Formulario M03 era falso
García explicó que el cargamento pretendía salir del país con destino a Emiratos Árabes Unidos, pero fue frenado tras la verificación del formulario M03, emitido por el Senarecom
Según el viceministro, el documento presentado no correspondía a un formulario válido y tampoco estaba registrado en el sistema correspondiente.
“El documento que presentaron es falso. Lo dice el Senarecom y ese fue el documento que saltó al momento de hacer el registro en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru”, afirmó durante la entrevista.
Tres delitos bajo investigación
La autoridad indicó que el Ministerio Público investiga el caso por tres tipos penales: enriquecimiento ilícito o legitimación de ganancias ilícitas, debido al valor aproximado del oro, calculado en cerca de $us 25 millones; contrabando, por la falta de registro aduanero y omisión de pagos; y venta ilegal de minerales.
García sostuvo que la operación también debía contar con el formulario DEX en el sistema SUMA de Aduana, pero no se encontró registro de esa autorización.
Aduana también debe responder
El viceministro remarcó que la Aduana tiene un rol sustancial en cualquier operación de exportación de minerales y, por ello, deberá brindar información sobre lo ocurrido.
“Evidentemente, la Aduana tiene un rol sustancial dentro de cualquier operación de exportación de minerales, por lo que esta institución necesariamente tiene que brindar la información acerca de la acción u omisión que pudo suceder en este caso”, señaló.
García indicó que no se trata solo de investigar a la persona aprehendida como exportadora, sino de determinar si hubo participación, negligencia o encubrimiento de funcionarios públicos.
Cuestionan liberación de cinco personas
Durante la entrevista, también se abordó la situación de cinco personas que inicialmente fueron arrestadas y luego quedaron libres. García aclaró que jurídicamente no se trató de una “liberación”, sino de personas que fueron arrestadas y no aprehendidas por el informe policial inicial.
Sin embargo, sostuvo que estas personas pueden ser convocadas por el Ministerio Público y que no están exentas de responsabilidad.
Entre ellas, según la información mencionada, habría personal de Aduana, de Naabol y un responsable del vuelo chárter. También se señaló que uno de los acompañantes del principal aprehendido tendría el mismo apellido y sería familiar suyo.
Dudas sobre el peso del oro
Sobre las versiones que señalan diferencias en el peso del cargamento, entre 189,5 kilos y un posible reporte de 211 kilos, García indicó que el Ministerio Público deberá realizar una pericia de pesaje.
Explicó que los lingotes deberán ser colocados nuevamente en las maletas, como estaban al momento de la intervención, para contrastar el peso del material y del equipaje.
Rastreo financiero y llamadas
El viceministro también señaló que la investigación debe avanzar sobre las comunicaciones, llamadas y movimientos financieros de los involucrados.
Según García, deberán cruzarse datos de teléfonos móviles, contactos y registros financieros, además de requerirse información a la Unidad de Investigaciones Financieras.
Casi 200 denuncias en tres años
El viceministro reveló que, en los últimos tres años, se reportaron 195 denuncias en instituciones vinculadas a la minería ilegal, principalmente relacionadas con la AJAM y el Senarecom.
García afirmó que este tipo de hechos afectan a la economía del país porque el oro que sale ilegalmente no deja regalías ni ingresos para el Estado.
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