Experto afirma que la Policía boliviana no podría cobrar la recompensa por Marset

El millonario incentivo ofrecido por el Gobierno de Estados Unidos para capturar a Sebastián Marset ha generado una serie de interrogantes sobre su destino final. Esta recompensa constituye una herramienta de presión diseñada para que el entorno más cercano del prófugo rompa el pacto de silencio, según lo que señala Cristian Sánchez, abogado penalista.

“Si la aprehensión resulta de información procesada por autoridades públicas en cumplimiento de su ley, la recompensa no se entrega”, precisó. El jurista subrayó que el dinero no se tramita para instituciones de carácter estatal, sino para particulares que aporten datos clave.

“Si la Policía boliviana, a partir de un trabajo propio, ha cumplido su deber y ejecutado la aprehensión, el gobierno americano no creo que entregue esa cantidad”, explicó Sánchez.

La lógica del sistema estadounidense es premiar la información de calidad que permita ejecutar operaciones de alto impacto que la fuerza pública no logre por sí sola.

Este mecanismo de motivación económica ofrece beneficios adyacentes, como la permisividad legal para quienes entreguen a sus cabecillas. Si el informante ha cometido delitos menores, puede acogerse a programas de protección de testigos y otros múltiples beneficios de orden jurídico.

A pesar del enfoque en la captura, el experto piensa que inicialmente la estrategia de defensa del uruguayo ya se perfila hacia una declaración inicial de ‘no culpable’. Con esto, Marset buscaría un juicio por jurados o una reducción significativa que fije su condena en al menos 20 años de cárcel efectiva en territorio estadounidense.

El objetivo final de Washington, más allá del pago de recompensas, es quebrar la voluntad del acusado para que identifique a sus corresponsables. “Solo entregando información sobre el dinero esparcido en el mundo se podrá neutralizar definitivamente la capacidad logística de esta organización criminal”, finalizó.