¿Qué pasará con los contribuyentes con deudas entre los años 2018 y 2026? Esta es la propuesta del gobierno

En un esfuerzo por dinamizar la economía nacional y brindar un "respiro" al bolsillo de los ciudadanos, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del proyecto de Ley de Transparencia y Alivio Tributario, introduce un programa de Regularización 2018-2026, diseñado específicamente para que los contribuyentes con deudas pendientes puedan ponerse al día con el Estado en condiciones excepcionales.

El proyecto de Ley establece un plazo de 120 días para regularizar deudas mediante el pago del tributo actualizado, ofreciendo condonación total de sanciones y facilidades de pago en cuotas.

Adiós a los intereses y multas

La pieza central de esta iniciativa es la condonación total de intereses y multas. Bajo este esquema, los contribuyentes que mantengan obligaciones tributarias omitidas entre los años 2018 y 2026 solo deberán cancelar el tributo omitido actualizado. Esto elimina la carga acumulada que, en muchos casos, aumentaba drásticamente el monto original de la deuda.

"El Estado recupera recursos y el contribuyente respira", señala la publicación del Ministerio de Economía, destacando el beneficio mutuo de esta medida.

Detalles clave del programa

Para beneficiarse de esta regularización, los interesados deberán tomar en cuenta los siguientes puntos:

• Plazo definido: Los contribuyentes tendrán un periodo de 120 días para acogerse a los beneficios de la ley una vez entre en vigencia.

• Facilidades de pago: Se permitirá la liquidación de la deuda mediante pago al contado o a través de un plan de cuotas, adaptándose a la capacidad financiera de cada persona o empresa.

• Alcance temporal: La medida cubre deudas generadas desde el año 2018 hasta el 2026, permitiendo un saneamiento histórico de las cuentas fiscales.

Con este proyecto de ley, el Gobierno busca dos objetivos principales: inyectar liquidez inmediata a las arcas estatales para financiar proyectos públicos y, simultáneamente, permitir que el sector privado y los profesionales independientes regularicen su situación sin el temor a sanciones económicas asfixiantes.