¿Qué hicieron otros países cuando aplicaron estados de excepción?

En medio de los conflictos que atraviesa Bolivia, que este miércoles cumple 41 días de bloqueos de carreteras en diferentes regiones del país, y tras la promulgación de la Ley 1740 por parte del presidente Rodrigo Paz, que regula los Estados de Excepción, distintos sectores aguardan una eventual decisión del Gobierno para aplicar esta medida extraordinaria.

La figura del Estado de Excepción está contemplada en la legislación de numerosos países de la región y permite a los gobiernos adoptar medidas extraordinarias cuando consideran que existe una amenaza grave para el orden público, la seguridad interna o la estabilidad institucional.

De acuerdo con el artículo 137 de la Constitución Política del Estado (CPE), en Bolivia la potestad de declarar el Estado de Excepción recae exclusivamente en el presidente y puede aplicarse en todo el territorio nacional o de manera sectorizada.

Esta medida solo procede ante cuatro escenarios críticos: peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural.

En medio del debate sobre la posibilidad de aplicar medidas extraordinarias para enfrentar la crisis derivada de los bloqueos y conflictos sociales, varios países de América Latina recurrieron en los últimos años a estados de excepción o regímenes especiales para responder a situaciones de inseguridad, violencia o convulsión social.

Uno de los casos más conocidos es el de Ecuador, donde los gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa decretaron varios estados de excepción para combatir el avance del crimen organizado y la violencia vinculada al narcotráfico. Las medidas incluyeron restricciones a la circulación, despliegues militares y operaciones especiales en distintas provincias.

En Perú, los estados de emergencia fueron utilizados tanto para enfrentar protestas sociales como para responder a problemas de seguridad ciudadana. Tras la crisis política generada por la destitución del expresidente Pedro Castillo, el Gobierno declaró medidas excepcionales en diferentes regiones del país.

Chile también recurrió al estado de excepción constitucional en la denominada Macrozona Sur, una región marcada por conflictos territoriales y hechos de violencia vinculados a grupos radicalizados y demandas de comunidades indígenas.

Por su parte, El Salvador mantiene desde 2022 un régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele como parte de su estrategia para combatir a las pandillas. La medida amplió las facultades de las fuerzas de seguridad y derivó en miles de detenciones, convirtiéndose en una de las políticas más debatidas de la región.

Brasil y otros países latinoamericanos también aplicaron mecanismos extraordinarios en determinadas circunstancias para enfrentar crisis de seguridad o situaciones de emergencia que superaban la capacidad de respuesta ordinaria del Estado.

Especialistas en derecho constitucional señalan que este tipo de medidas suelen estar previstas en las constituciones nacionales; sin embargo, su aplicación debe ser temporal y estar sometida a mecanismos de control institucional para evitar vulneraciones a los derechos fundamentales.

El análisis de estas experiencias regionales cobra relevancia en Bolivia, donde diversos sectores políticos plantean la necesidad de debatir mecanismos para enfrentar las movilizaciones y bloqueos que, según distintos sectores, generan pérdidas económicas, desabastecimiento de alimentos y dificultades para el traslado oportuno de pacientes y servicios de emergencia.