Constitucionalista cuestiona pedido de liberar detenidos en diálogo Gobierno-COB

El abogado constitucionalista Jorge Ibáñez afirmó que el conflicto social que atraviesa el país ha ingresado en una fase de desescalamiento, aunque advirtió que el diálogo abierto entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) podría terminar fortaleciendo a la organización sindical y debilitando políticamente al Ejecutivo.

Las declaraciones surgen luego de que el diálogo entre el presidente Rodrigo Paz y la dirigencia de la COB  ingresara a un cuarto intermedio. Durante las primeras intervenciones, la dirigencia cobista planteó como una de sus principales demandas la liberación de las personas detenidas durante las movilizaciones y bloqueos.

Ibáñez dijo que el conflicto ya alcanzó su punto más alto y comienza a perder intensidad debido al desgaste generado por las muertes registradas en las carreteras, las pérdidas económicas y los problemas de abastecimiento que afectan a la población.

“El conflicto ha llegado a su pico y empieza a bajar la intensidad. La gente ya repudia los bloqueos por el efecto económico y la ausencia de alimentos”, sostuvo.

Sin embargo, el analista considera que el Gobierno está otorgando protagonismo a una organización que, a su juicio, ya no tiene control sobre las medidas de presión. Señaló que los principales puntos de bloqueo son dirigidos por otros sectores, como la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari en La Paz, organizaciones interculturales en San Julián y federaciones cocaleras en Cochabamba.

“En este momento es el Gobierno quien le tiende la mano a la COB. El control de los bloqueos ya no está en manos de la COB, sino de otros actores del conflicto”, afirmó.

Ibáñez también cuestionó que el diálogo se haya iniciado con el pedido de liberar a los aprehendidos durante los bloqueos. Remarcó que varias de las personas procesadas enfrentan acusaciones por delitos comunes y no políticos, por lo que consideró inviable una eventual suspensión de los procesos judiciales.

“Estamos hablando de personas detenidas con explosivos o en circunstancias presuntamente delictivas. El Gobierno no puede levantar procesos penales porque no se trata de delitos políticos”, señaló.

El constitucionalista sostuvo que la estrategia gubernamental busca fracturar el movimiento de protesta diferenciando las demandas sindicales de las reivindicaciones impulsadas por el evismo. No obstante, advirtió que esta decisión podría tener costos políticos y afectar la imagen de autoridad del Ejecutivo.

Asimismo, observó que, aun si se logra un acuerdo con la COB, el Gobierno tendría que abrir nuevas mesas de negociación con otros sectores que actualmente lideran los bloqueos y mantienen demandas similares.

Finalmente, Ibáñez consideró que la situación refleja una debilidad institucional del Estado para responder a conflictos prolongados y planteó la necesidad de alcanzar una solución integral que incluya el restablecimiento del orden, el procesamiento de los responsables de hechos ilícitos y mecanismos que eviten la repetición de este tipo de crisis en los próximos meses.