Lo que todo adulto mayor y su familia deben saber sobre sus derechos

En el marco del Mes del Adulto Mayor, el abogado Arturo Moscoso recordó que la Constitución Política del Estado y la Ley 369 protegen los derechos de las personas de la tercera edad, garantizando una vejez digna y el acceso a alimentación, salud y un trato respetuoso por parte de sus familias.

Problemas que enfrentan los adultos mayores

El jurista señaló que una de las problemáticas más recurrentes es el abuso económico cometido por familiares, quienes en algunos casos cobran la Renta Dignidad o intentan apropiarse de los bienes de los adultos mayores mediante poderes notariales o presiones.

"Yo me tengo que hacer como hijo responsable de mi padre, así como mi padre o mi madre se han hecho responsables de mí cuando yo era menor de edad."

Moscoso explicó que los hijos no tienen derecho a disponer de la Renta Dignidad, ya que ese beneficio pertenece exclusivamente al adulto mayor. Asimismo, indicó que, cuando los ingresos resultan insuficientes, los padres pueden iniciar una demanda de asistencia familiar contra sus hijos para recibir apoyo económico.

El abogado también advirtió que los notarios tienen la obligación de verificar que un adulto mayor se encuentre plenamente consciente antes de otorgar un poder, especialmente si existen enfermedades como Alzheimer u otras condiciones que afecten su capacidad de decisión.

El abandono, una realidad aún presente en Bolivia

Respecto al abandono, señaló que trasladar a una persona de la tercera edad a un asilo contra su voluntad puede constituir un acto de violencia y dar lugar a una denuncia. Añadió que, en casos donde el adulto mayor pierde sus facultades mentales, corresponde tramitar una interdicción para que un tutor administre legalmente sus asuntos.

"El adulto mayor también puede denunciar esa violencia, porque el Estado protege a las personas de la tercera edad por su condición de vulnerabilidad."

Finalmente, el especialista instó a fortalecer el respeto y el cuidado hacia los adultos mayores, recordando que la protección de sus derechos constituye una obligación legal y también un deber moral de las familias y de la sociedad.