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El Ministerio de Economía anunció una hoja de ruta para atender los reclamos de familias que adquirieron terrenos en distintas urbanizaciones del país. El plan incluye una revisión legal y técnica de los contratos, la recepción de documentación de los afectados y una mesa de diálogo con las empresas desarrolladoras el próximo 3 de agosto.
31/07/2026 6:57
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El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que, tras una reunión entre el ministro José Gabriel Espinoza y los representantes de familias adquirentes de terrenos en distintas urbanizaciones del país, se acordó una hoja de ruta destinada a atender los reclamos y analizar los casos presentados por los afectados.
Mediante un comunicado oficial, emitido este 30 de julio, el plan contempla tres acciones principales: una revisión técnica y legal de los casos, la presentación de documentación por parte de las familias y la instalación de una mesa de diálogo con las empresas desarrolladoras y propietarios de urbanizaciones.
La primera medida será una revisión técnica y jurídica programada para este viernes 31 de julio en la ciudad de Santa Cruz.
El Ministerio de Economía, en coordinación con la Dirección General de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, iniciará el análisis de los casos presentados por las familias.
La evaluación se realizará bajo el marco de la Ley N.º 453 General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores, con el objetivo de verificar que las condiciones de ejecución de los contratos respeten los principios de legalidad, equilibrio contractual y protección de los consumidores.
Familias deberán presentar contratos y antecedentes
Como parte de la segunda etapa, los representantes de las familias afectadas se comprometieron a remitir copias de sus contratos y toda la documentación necesaria para que los equipos técnicos realicen una evaluación individual de cada situación.
El comunicado señala que esta revisión será caso por caso, debido a que existen distintas modalidades contractuales que requieren un análisis específico y diferenciado.
Mesa de diálogo con empresas desarrolladoras
La tercera acción prevista es la instalación de una mesa de diálogo el próximo 3 de agosto.
En este encuentro participarán el ministro de Economía, otras autoridades del Gobierno nacional, representantes de las empresas desarrolladoras y propietarios de urbanizaciones.
El objetivo será generar un espacio de diálogo y concertación que permita construir soluciones responsables y equilibradas, priorizando la sostenibilidad de los planes de pago, el respeto a los derechos de las partes involucradas y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección al consumidor.
Gobierno ratifica protección a las familias
A través del comunicado, el Gobierno nacional reafirmó su compromiso de actuar dentro del marco legal para brindar seguridad jurídica y proteger los derechos de las familias bolivianas.
Asimismo, señaló que se buscará evitar prácticas que generen condiciones de pago desproporcionadas o incompatibles con los principios de buena fe y equilibrio en las relaciones de consumo. La administración estatal también destacó que promoverá la favorabilidad al consumidor, la conciliación, la buena fe contractual y el equilibrio entre las partes, en cumplimiento de la Ley 453 y la normativa vigente.
Desarrolladores inmobiliarios piden respetar los contratos y analizar cada caso
Tras conocerse la hoja de ruta anunciada por el Gobierno, la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI) expresó su posición institucional respecto a los efectos del nuevo régimen cambiario sobre los contratos de compraventa de terrenos e inmuebles.
Mediante un comunicado, la entidad señaló que comprende la preocupación de las familias afectadas, pero sostuvo que cualquier solución debe construirse mediante el diálogo, la buena fe contractual y el respeto a la seguridad jurídica.
"Comprendemos la preocupación de las familias bolivianas. Detrás de cada contrato existe el esfuerzo de quienes buscan construir un patrimonio y el compromiso de empresas que desarrollan proyectos de largo plazo", indicó la CBDI.
El director de la Cámara, Carlos Baldivieso, afirmó que los contratos deben cumplirse conforme a las condiciones pactadas y advirtió que no corresponden modificaciones unilaterales.
Sin embargo, explicó que cuando un contrato establece de forma general pagos en moneda extranjera, cada situación debe analizarse individualmente.
"Cuando el contrato remite de manera general al pago en moneda extranjera, cada situación debe revisarse de forma técnica e individual, considerando su contenido, la normativa y las circunstancias particulares de cada caso", sostuvo Baldivieso.
El sector advierte sobre el impacto en la inversión y el empleo
La CBDI señaló que el nuevo esquema cambiario no solo ha generado inquietud entre los compradores, sino también desafíos para las empresas que desarrollan proyectos inmobiliarios financiados mediante crédito directo y operaciones en moneda extranjera.
La entidad recordó que el sector moviliza inversiones y genera miles de empleos directos e indirectos en actividades como la construcción, arquitectura, ingeniería, transporte, provisión de materiales, comercio y servicios especializados.
En ese sentido, afirmó que la certeza jurídica resulta necesaria tanto para las familias que buscan acceder a una vivienda como para las empresas que ejecutan proyectos de largo plazo.
Asimismo, informó que sus empresas asociadas mantienen habilitados sus canales de atención para revisar cada situación de manera individual y buscar acuerdos dentro del marco legal.
"La seguridad jurídica protege por igual a consumidores y desarrolladores. Cuando se respeta la ley y lo libremente pactado, se protege el patrimonio de las familias, se preserva la inversión, se sostienen miles de empleos y se fortalece la confianza que Bolivia necesita para seguir construyendo", concluyó Baldivieso.
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