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La norma incrementa el Presupuesto General del Estado en más de Bs 7.472 millones, fortalece la inversión pública, otorga mayores recursos a gobernaciones y alcaldías, crea incentivos tributarios y dispone la evaluación de empresas estatales.
31/07/2026 7:34
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El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley N.º 1755 de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, una norma que incrementa el presupuesto nacional en más de Bs 7.472 millones y establece nuevas medidas para fortalecer la inversión pública, apoyar a los gobiernos subnacionales, reorganizar empresas públicas e impulsar la producción nacional mediante incentivos tributarios.
Durante el acto de promulgación, el mandatario afirmó que los recursos permitirán ejecutar obras y proyectos en los nueve departamentos del país.
La ley incrementa el presupuesto en más de Bs 7.472 millones
La Ley N.º 1755 tiene como objetivo aprobar modificaciones al Presupuesto General del Estado de la gestión 2026 y establecer normas financieras complementarias para el sector público.
La norma autoriza una modificación presupuestaria de Bs 7.472.431.596, monto que se incorpora al presupuesto nacional para fortalecer la ejecución de programas y proyectos estratégicos.
Con esta reformulación, el presupuesto consolidado para la gestión 2026 alcanza los Bs 391.815,8 millones, según informó el Gobierno.
Más recursos para gobernaciones y alcaldías
Uno de los principales alcances de la ley beneficia a las Entidades Territoriales Autónomas (ETA's), es decir, gobernaciones, alcaldías y otras entidades subnacionales.
La norma autoriza registrar en sus presupuestos los anticipos financieros destinados a proyectos de inversión pública cuando estos estén contemplados en contratos de bienes y servicios.
Asimismo, permite que las entidades territoriales incorporen recursos específicos que superen sus presupuestos vigentes, previa evaluación y autorización del Ministerio de Economía.
El presidente Paz destacó que estas medidas buscan otorgar mayores herramientas financieras a las regiones para acelerar la ejecución de obras y proyectos.
Garantizan continuidad de los recursos del SUS
La Ley 1755 también incorpora una disposición destinada a garantizar la continuidad de la atención médica.
El artículo 4 autoriza a las ETA's registrar, en un plazo máximo de 15 días hábiles desde la publicación de la norma, los saldos transferidos por el Tesoro General de la Nación hasta el 31 de diciembre de 2025 en el marco del Sistema Único de Salud (SUS).
Estos recursos deberán mantenerse bajo la fuente de financiamiento original para asegurar la continuidad de los servicios de salud gratuitos.
Empresas públicas serán evaluadas
Otro de los aspectos centrales de la norma es la evaluación de las empresas públicas del nivel central del Estado.
La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) deberá realizar, en un plazo de 30 días, un diagnóstico técnico que determinará si corresponde mantener, reorganizar, disolver o liquidar determinadas empresas estatales.
Posteriormente, el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEEP) analizará los informes y definirá las acciones correspondientes.
La ley también establece mecanismos para identificar posibles responsabilidades administrativas derivadas de pasivos heredados o de decisiones adoptadas en gestiones anteriores.
Cierre de fideicomisos inactivos
La normativa dispone además el cierre obligatorio de fideicomisos financiados con recursos del Tesoro General de la Nación que hayan cumplido su finalidad, presenten baja ejecución o ya no respondan a las prioridades fiscales del Estado.
El Ministerio de Economía deberá definir los criterios técnicos, financieros y legales para ejecutar este proceso.
FINPRO pasa a moneda nacional
Otro cambio importante es la conversión a moneda nacional de todas las obligaciones, activos, garantías y operaciones vinculadas al Fondo para la Revolución Industrial Productiva (FINPRO) que se encontraban denominadas en moneda extranjera.
La conversión se realizará utilizando el tipo de cambio oficial de compra vigente al momento de la constitución de cada operación.
Exención de IVA y aranceles por cinco años
Entre las medidas más destacadas de la Ley 1755 figura la creación de incentivos tributarios para la producción nacional.
La norma libera durante cinco años el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de aranceles para la importación y comercialización de:
Plantas industriales.
Bienes de capital.
Herramientas y equipos.
Material genético.
Drones y accesorios.
Semillas.
Insumos productivos.
Estos beneficios alcanzan a los sectores agropecuario, industrial, construcción, transporte y minería.
Según el Gobierno, la medida busca reducir costos de producción, promover inversiones y fortalecer la actividad económica nacional.
Autorizan gestionar créditos externos
La ley también faculta al Gobierno nacional a gestionar créditos externos de apoyo presupuestario con organismos multilaterales y bilaterales.
En el marco de la promulgación, el Ejecutivo informó que estas operaciones podrían alcanzar hasta 3.500 millones de dólares, aunque cada financiamiento deberá ser aprobado posteriormente por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Paz destaca consenso político para aprobar la norma
Paz resaltó que la aprobación del Presupuesto Reformulado 2026 fue posible gracias al respaldo de las brigadas parlamentarias de todas las regiones.
“La decisión de aprobar el Presupuesto General del Estado significa no solo cumplir con cada departamento y cada municipio, sino que, en un momento donde la unidad para sacar la patria adelante es fundamental”, afirmó.
Asimismo, aseguró que el debate legislativo permitió recuperar el papel del Parlamento como espacio de consensos.
Ley busca sostenibilidad fiscal
Entre las disposiciones finales, la Ley 1755 establece la creación de programas de sostenibilidad fiscal para las entidades territoriales y permite que instituciones públicas que superen límites de endeudamiento puedan acordar planes de readecuación financiera de hasta cinco años.
La norma también aclara que las modificaciones presupuestarias tendrán vigencia únicamente durante la gestión 2026 y que no convalidan actos administrativos o financieros irregulares realizados con anterioridad.
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