Caso ‘Hotel Las Américas’: a 16 años, víctimas buscan resarcimiento en juicio contra el Estado boliviano

Han pasado 16 años desde que un grupo de élite de la Policía boliviana irrumpiera violentamente en el hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en un operativo calificado por el gobierno de entonces como una “acción antiterrorista”.

Aquella madrugada del 16 de abril de 2009 marcó el inicio del denominado caso ‘Terrorismo’, y ahora cinco de las personas afectadas por ese hecho han logrado llevar al Estado boliviano a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), explicó el abogado Gary Prado.

Las víctimas, el irlandés Michael Dwyer (fallecido), el croata-boliviano Mario Tadic, el húngaro Elöd Tóásó, y los bolivianos Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, fueron reconocidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como sujetos víctimas de graves vulneraciones a sus derechos fundamentales.

En su Informe de Fondo 394/21, la CIDH responsabilizó al Estado boliviano por la muerte de Michael Dwyer, y determinó que Tadic, Tóásó, Guedes y Mendoza fueron víctimas de tortura, detención ilegal y arbitraria, así como de un proceso penal que vulneró sus garantías judiciales. Destacó que permanecieron detenidos por períodos excesivos sin justificación legal ni acceso oportuno a una autoridad judicial. En consecuencia, concluyó que el Estado violó sus derechos a la vida, integridad, libertad personal, debido proceso, honra, dignidad y protección judicial, conforme a la Convención Americana y la Convención Interamericana contra la Tortura.

El proceso en la CorteIDH

Prado señaló que la causa se tramita ahora ante la CorteIDH con sede en San José de Costa Rica, luego de que el Estado boliviano no cumpliera con las recomendaciones emitidas por la CIDH, que incluyeron compensación económica y medidas de satisfacción para reparar tanto el daño material como inmaterial. El gobierno solicitó una prórroga que fue rechazada el 26 de julio de 2024, y la Comisión elevó formalmente el caso a la Corte el 4 de octubre del mismo año.

El juicio ante la CorteIDH es una oportunidad para que las víctimas obtengan justicia tras más de una década. El proceso judicial podría durar varios meses, y aunque se espera que la Corte emita una sentencia definitiva, el impacto de esta decisión podría ser crucial no solo para las víctimas, sino también para sentar un precedente en la protección de los derechos humanos en Bolivia.

La posición del Gobierno boliviano

La Procuraduría General del Estado, que asumió la defensa del caso, dejó claro que el juicio es contra el Estado boliviano y no contra autoridades específicas, aunque el operativo se ejecutó bajo el mandato del entonces presidente Evo Morales.

Se defendió la postura de que las acciones llevadas a cabo por las fuerzas del orden fueron legítimas en el contexto de una supuesta célula separatista que operaba en el departamento de Santa Cruz.
En 2020, el caso fue cerrado por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, luego del retiro de las acusaciones y la absolución de los procesados restantes.

No obstante, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, quien participó en la investigación del caso, declaró ante los medios que sí existía una estructura separatista con armamento y respaldo económico. Aguilera calificó la clausura del proceso judicial como “una decisión política”.

El caso Hotel Las Américas continúa siendo uno de los episodios más oscuros y controvertidos de la historia reciente boliviana. A 16 años, las heridas siguen abiertas, y las víctimas aún esperan una reparación digna y completa.