Choque de Poderes: Legisladores y jueces se ven 'enfrentados' por la prórroga

El Órgano Judicial y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se ven enfrentados por la prórroga de magistrados, tema en el que aún no se ponen de acuerdo debido a que, en la pasada jornada, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ordenó a la Asamblea que se cumpla su prórroga antes de tratar una nueva ley para las elecciones judiciales.

De esta forma, el Auto Constitucional pone nuevamente en suspenso el tratamiento del proyecto de ley 144 de Elecciones Judiciales, o de ley similar.

En ese sentido, la comisión bicamaral que tenía la misión de encontrar una salida a las elecciones judiciales también se dividió entre decidir si aceptar o no, el fallo del TCP. Así, mientras el ala 'arcista' aboga por mantener a las altas autoridades del Órgano Judicial en sus cargos hasta la posesión de nuevas autoridades electas, la oposición y el ala 'evista' sostienen que su mandato no cumple con lo estipulado en la Constitución Política del Estado.

Al respecto, Félix Oros, vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, considera que el incumplimiento a la decisión del TCP no tendría consecuencias legales, ya que los magistrados cumplieron su gestión a fines del año pasado.

"En primer lugar, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ya no existe. El 2 de enero feneció el mandato de estos señores, por tanto, no hay Tribunal Constitucional, no hay Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, estos señores usurpan un cargo que no les corresponde. Por lo tanto, todas sus resoluciones son de nulidad absoluta, que no tienen ningún valor jurídico", afirmó Oros a Red Uno Digital.

Además, apuntó a la necesidad de convocar lo más pronto posible a las elecciones judiciales para tener nuevas autoridades electas por el pueblo, como indican las leyes.

"Si no tienen fuerza ejecutiva, peor fuerza moral. Para una sentencia o un fallo tienen que tener fuerza moral. Enmarcado dentro de la constitución Política del Estado, no tienen fuerza moral. Lo que procede es convocar ya a elecciones. Estamos en un momento donde la república está vacía, no tenemos un poder del estado, de acuerdo al artículo 711 y 712 son elementos fundamentales", explicó.

En ese contexto atribuyó la convulsión social actual a esta indeterminación.

"Por eso es que hay un estado social y un caos económico, conmoción. Cada vez se irá deteriorando y empeorando más porque lo único que están midiendo son fuerzas, quién tiene más capacidad de movilización y tenga control de algunos poderes. El Ejecutivo está soportando a estos señores prorrogados para neutralizar al Legislativo porque Arce, prácticamente, ha perdido al Legislativo con Evo Morales. El MAS está luchando contra el propio MAS en una guerra", detalló.

El jurista reiteró que todos los fallos emitidos por el TCP desde el 2 de enero no tienen validez, incluyendo el publicado ayer.

"No tiene ninguna validez. Eso es un panfleto, no es un fallo. Todo lo que hagan ellos es ilegal, está fuera del marco de la Constitución Política del Estado. Si hacen caso la policía o la fiscalía estarían cometiendo resoluciones contrarias a la Constitución", agregó.

Según la norma, el incumplimiento a un fallo del TCP deriva en el seguimiento de un proceso penal por incumplimiento a resoluciones del Tribunal Constitucional, por desobediencia, delito que tiene sanciones de hasta 6 años.

"Lo que está haciendo la Asamblea Legislativa también es inconstitucional, ellos ya perdieron su oportunidad, tuvieron todo el año pasado para organizar las elecciones y lo están queriendo hacer ahora. Los plazos que da la Constitución son perentorios, es la primera ley de la república. Entonces, la Asamblea Legislativa, al haber incumplido todos están en el delito de incumplimiento de deberes. Los ciudadanos tenemos la responsabilidad de cambiar la Constitución, somos los únicos, el legislativo ya no puede", complementó.