Gobernador de Tarija indica que el 28 de agosto les presentarán los resultados del Censo

El gobernador de Tarija, Oscar Montes, indicó que en la siguiente reunión entre representantes del gobierno central, las autoridades departamentales y municipales se conocerán los resultados del Censo por parte del INE.

Será este 28 de agosto en la ciudad de La Paz, donde también estará el presidente Luis Arce, acompañado de cinco ministros, incluyendo los de Salud, Justicia y Gobierno.

"Para el 28 (de agosto), ya está citado el Consejo Nacional de Autonomías, donde el INE nos va a hacer una lectura preliminar de los datos oficiales del Censo, que los van a publicar casi inmediatamente a todo el pueblo de Bolivia. El Consejo ha sido una instancia que ha permitido destrabar el Censo, hemos encontrado el camino para realizarlo. A lo largo de estos meses, el INE ha estado informándonos de manera permanente los avances de la etapa postcensal", afirmó Montes, en entrevista con Notivisión de Red Uno, a tiempo de recordar el paro de 36 días en Santa Cruz, por el Censo.

El gobernador tarijeño dijo que, después de conocer los resultados poblacionales del Censo, de manera automática, el Banco Central tiene que aplicar una nueva fórmula para distribuir dos recursos; el 25% que genera la renta y el 25% que genera la Aduana.

"Eso se distribuye, básicamente, a los gobiernos municipales y a las universidades. Lo del pacto fiscal lo estamos reclamando los gobiernos departamentales porque el 2010 nos han transferido más de 80 competencias y hasta el día de hoy no nos han transferido la plata para ejercer esas competencias como manda la Constitución Política del Estado", agregó.

Se trata de uno de los acuerdos obtenidos en la reunión de este martes también en la sede de gobierno, en la que también se analizó el hecho de que el gas se está agotando en Bolivia.

Indicó que los recursos hidrocarburíferos, desde 2018, han sentido una baja a un ritmo de un 17% a 18% anual, lo que genera "conflictos financieros" para atender el presupuesto de 2025.

"Los gobernadores solicitamos al Gobierno nacional una serie de medidas para reajustar el funcionamiento de nuestras gobernaciones y el modelo económico boliviano, que ha estado  sustentado en la plata del gas", comentó.

Montes dijo que tanto las alcaldías como el gobierno central piden a las gobernaciones que sean la contraparte de diversos proyectos.

"En estos momentos, la crisis financiera nos está poniendo en serias dificultades. Ayer hemos tenido avances, la mayoría en la parte administrativa para tener un mayor control sobre nuestro presupuesto, como el tema de los recursos específicos, ingresos propios, caja y banco, administración del grupo 10.000, que es de personal. En los temas importantes, está funcionando la reprogramación de créditos, que estaba en principio con los créditos sacados del FNDR. También se ha ampliado para los recursos con TGN", explicó.

Asimismo, se habilitó donaciones para carros bomberos, ante la situación de incendios forestales, también para equipar a los bomberos y a los voluntarios.

"La salud va a estar en agenda la próxima semana, cuando nos reunamos con la ministra de Salud para tratar el tema del bono refrigerio, que las Gobernaciones le pagamos a los empleados del Ministerio de Salud, además les damos un bono de vacunación y les pagamos el sueldo, los ítems también. Casi el 50% de los presupuestos de las gobernaciones van al sector salud. Vemos en todo el país, médicos en paro y largas filas de pacientes. De acuerdo estadísticas del gobierno, son más de 50.000 los empleados del sector salud ¿Dónde están?", agregó.

Con los ministros de Justicia y Gobierno se hablará sobre la población carcelaria, ya que existe una sobrepoblación de 280% en las cárceles de Bolivia. Todos los privados de libertad reciben 8 bolivianos por día, financiado por las gobernaciones. En ese sentido, indicó que la solución no es construir más cárceles.

"Queremos esa reunión para plantear alguna política nacional ante el crecimiento de esta población y las obligaciones que le genera a la sociedad boliviana, que permita la reinserción en la sociedad de aquella gente que, por alguna u otra razón, ha caído dentro de la población carcelaria. Hay que diferenciar, no podemos tratar de igual manera a un asesino confeso y violador o a un narcotraficante, que a un joven que por las cosas de la vida no pudo pagar la pensión y está en el mismo sitio, en las mismas o peores condiciones", aseveró.