"La demanda no va más": Abogado de gremiales destaca fallo contra los Crapuzzi

El abogado de los gremialistas, Carlos Honor, informó que la justicia determinó tener por “no presentada” la demanda impulsada por la familia Crapuzzi, que buscaba adjudicarse el Mercado Mutualista de Santa Cruz, descartando así el riesgo inmediato de desalojo para los comerciantes.

De acuerdo con Honor, el fallo establece que los demandantes no cumplieron requisitos esenciales, como acreditar su condición de herederos inscritos en Derechos Reales ni demostrar el derecho propietario sobre el predio.

“Este proceso no va más, se tiene por no presentado”, explicó.

La acción legal había sido presentada mediante un proceso de estructura monitoria con el objetivo de lograr la entrega de una supuesta herencia, lo que implicaba el desalojo de los gremiales. Sin embargo, el juzgado concluyó que no existían pruebas suficientes que respalden dicha pretensión.

El jurista indicó que Nelson Miguel Crapuzzi Zeballos, vinculado a la familia Crapuzzi, pierde legitimidad para demandar al no cumplir con los requisitos legales. En ese sentido, sostuvo que el Mercado Mutualista sí cuenta con antecedentes dominiales, pero no a nombre del demandante, sino del Gobierno Autónomo Municipal.

Asimismo, explicó que declarar la demanda como “no presentada” implica que el proceso carece de validez, como si nunca hubiera existido, debido a la falta de cumplimiento de requisitos formales.

Honor también cuestionó que el reclamo se sustente en una “lámina sepia de dudosa procedencia”, obtenida en 2023, a partir de la cual se iniciaron diferentes procesos judiciales.

Con esta resolución, se elimina la amenaza de desalojo que persistía desde hace al menos tres años. No obstante, el abogado señaló que la familia Crapuzzi podría iniciar una nueva demanda si logra demostrar legalmente su derecho propietario.

Finalmente, informó que aún está pendiente una acción popular, cuya audiencia fue fijada para el 6 de mayo, en la que se buscará declarar la inejecutabilidad de una sentencia constitucional observada por presunto prevaricato y fraude procesal.