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La Procuraduría General del Estado y la Gestora Pública obtuvieron un laudo arbitral favorable contra SYSDE International, que obliga a la empresa a resarcir al Estado con más de $us 3,9 millones por incumplimientos contractuales.
09/07/2026 11:21
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Un fallo arbitral favorable al Estado boliviano permitirá un resarcimiento superior a $us 3,9 millones, luego de que la Procuraduría General del Estado y la Gestora Pública obtuvieran un resultado positivo en el proceso iniciado contra la empresa SYSDE International.
El procurador general del Estado, Hugo César León, informó que el laudo representa una recuperación económica importante para el país y destacó el trabajo coordinado entre ambas instituciones.
“La Procuraduría General del Estado, junto a la Gestora Pública, ha obtenido un laudo arbitral favorable que representa un resarcimiento superior a 3,9 millones de dólares en beneficio del Estado”.
Un proceso iniciado por incumplimientos en la implementación del sistema
El gerente de la Gestora Pública, Vladimir Fernández, explicó que el conflicto surgió durante el proceso de transición de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia la nueva entidad estatal, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la Ley 065.
Según detalló, en 2017 se inició la contratación de un sistema tecnológico que permitiría realizar la migración de información y garantizar el funcionamiento operativo de la Gestora.
Sin embargo, tras dos años de trabajo, la implementación no logró completarse y en 2019 el contrato con la empresa SYSDE fue concluido.
“Hubo varios entregables que no se realizaron por parte de la empresa SYSDE. Es por eso que en 2021 la Gestora inicia el proceso de arbitraje para solicitar un resarcimiento por el tiempo perdido y los gastos realizados”.
El proceso arbitral buscaba recuperar recursos destinados al contrato, además de compensar los perjuicios ocasionados por los incumplimientos.
¿Cómo se compone el resarcimiento?
De acuerdo con la información proporcionada por la Gestora y la Procuraduría, el monto aproximado de 3,9 millones de dólares contempla:
$us 2,5 millones por incumplimientos relacionados con la ejecución del contrato.
Más de $us 355 mil por concepto de impuestos.
Comisiones bancarias por pagos al exterior.
$us 1 millón en multas por incumplimiento contractual.
Devolución de tasas administrativas pagadas al Centro de Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio.
Intereses del 6% anual hasta el cumplimiento efectivo del pago.
Defensa con profesionales bolivianos
El subprocurador de Defensa, Roger Longaric, destacó que el arbitraje fue defendido por abogados nacionales y funcionarios de la Gestora Pública, con acompañamiento técnico y jurídico de la Procuraduría.
“Este laudo arbitral ha sido defendido por abogados nacionales y funcionarios de la Gestora Pública. Es un cambio importante: valorar el talento local y confiar en los profesionales que tenemos”.
Longaric explicó que el arbitraje fue desarrollado en sede nacional, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio, y resaltó la coordinación institucional que permitió reactivar un proceso que se encontraba paralizado.
Recuperación de recursos públicos
Las autoridades calificaron el resultado como un precedente importante para la defensa de los intereses del Estado y destacaron que los recursos recuperados corresponden a una compensación por daños derivados del incumplimiento contractual.
El fallo marca uno de los primeros resultados relevantes de la actual gestión en materia de defensa jurídica del patrimonio estatal.
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