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Paz promulga la Ley que regula los Estados de Excepción en Bolivia

El primer mandatario puso en vigencia la norma que fue aprobada en la madrugada del domingo por la Cámara de Diputados. No obstante, la promulgación no implica la aplicación inmediata de un estado de excepción en el territorio nacional.

El mandatario promulgó la norma este lunes en Casa Grande del Pueblo. Foto APG

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El presidente Rodrigo Paz promulgó este lunes la Ley que regula los Estados de Excepción, norma que fue aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y sancionada por la Cámara de Diputados durante una sesión que se extendió hasta la madrugada del domingo.

El mandatario dijo que esta norma promulgada es en defensa de los bolivianos que quieren vivir en paz, de los gremialistas que quieren vender, de los transportistas que quieren llevar sus cargas a destino.

“Promulgo esta norma porque está bajo la lógica de defender a las grandes mayorías, a aquellos que nos quieren atacar e irrumpir este proceso democrático, este proceso constitucional”, indicó Paz.  

La nueva legislación regula los procedimientos, condiciones y alcances para la aplicación de los estados de excepción en Bolivia, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución Política del Estado.

La norma establece que el presidente podrá declarar un estado de excepción mediante decreto supremo en situaciones de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural.

Asimismo, determina que la medida podrá tener una vigencia de hasta 90 días y que cualquier ampliación excepcional deberá contar con la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Entre los aspectos más debatidos durante su tratamiento figura el artículo referido a la actuación de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas durante la vigencia de un estado de excepción, estableciendo que sus acciones gozarán de presunción de legalidad.

La promulgación se produce en medio de una compleja coyuntura social marcada por más de un mes de bloqueos de carreteras y movilizaciones en diferentes regiones del país, situación que generó un amplio debate político durante el tratamiento de la norma.

No obstante, la promulgación de la ley no implica la aplicación inmediata de un estado de excepción en el territorio nacional. La norma establece únicamente el marco jurídico que regula este mecanismo constitucional, cuya implementación requeriría una declaratoria específica mediante decreto supremo y bajo las causales previstas por la legislación.

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