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¿Qué cambiaría con un Estado de excepción? Santistevan detalla los alcances de la Ley

El analista y secretario departamental de Seguridad Ciudadana, Jorge Santistevan, explicó que la Ley 1740 regula la aplicación de los estados de excepción y detalló los mecanismos.

Analista y secretario departamental de Seguridad Ciudadana, Jorge Santistevan
Santa Cruz, Bolivia

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A 40 días de bloqueos en diferentes regiones del país y tras los hechos de violencia registrados durante el fin de semana en San Julián, el analista y secretario departamental de Seguridad Ciudadana, Jorge Santistevan, señaló que la Ley 1740 brinda el marco legal necesario para que el Gobierno pueda aplicar un estado de excepción cuando la seguridad interna y la estabilidad del Estado se encuentren en riesgo.

Según explicó, la normativa fija directrices claras para cualquier administración que deba recurrir a esta figura constitucional.“Lo importante de esta norma es que establece directrices claras y bases para que cualquier presidente del Estado, cuando el Estado está en peligro, aplique su decreto supremo del estado de excepción”, afirmó.

Santistevan indicó que el mecanismo contempla que el Presidente emita el decreto supremo y comunique la decisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional en un plazo de 24 horas. Posteriormente, el Legislativo dispone de hasta 72 horas para aprobar o rechazar la medida.

El analista señaló además que existen tres filtros que deben cumplirse antes de la ejecución de un estado de excepción. El primero corresponde al sistema judicial, el segundo a la Asamblea Legislativa y el tercero al propio Órgano Ejecutivo, que debe definir los alcances operativos de la medida.

“El órgano ejecutivo tiene que establecer el detalle de esa normativa, cómo van a actuar las fuerzas y cuál es el resultado que persigue”, explicó.

Añadió que, a diferencia de los antiguos estados de sitio aplicados durante gobiernos de facto, actualmente cualquier estado de excepción debe ajustarse a la Constitución y a las leyes vigentes.

Sobre la actual conflictividad, Santistevan consideró que el Gobierno pudo haber recurrido antes a esta herramienta legal. A su juicio, una intervención más temprana habría reducido los costos políticos y evitado el fortalecimiento de los sectores movilizados.

Asimismo, afirmó que detrás de algunos grupos movilizados existirían organizaciones armadas con fines políticos y delictivos. “Estamos frente a una narcosubversión. Subversión porque están armados, están organizados, preparados militarmente y buscan el poder”, declaró.

En ese contexto, Santistevan señaló que las Fuerzas Armadas deberían actuar de manera coordinada con la Policía en aquellos lugares donde las fuerzas del orden hayan sido sobrepasadas por los hechos de violencia.

“Deben entrar de manera conjunta militares y Policía para controlar ciertos espacios geográficos del territorio y recuperar y garantizar a esa población que está sometida por estos delincuentes”, afirmó.

Explicó que una eventual declaratoria de estado de excepción implicaría el despliegue de efectivos militares en las zonas consideradas críticas, la instalación de puestos de control, patrullajes, operativos de recuperación territorial y medidas destinadas a garantizar la libre circulación de la población.

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