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Asambleístas oficialistas piden ampliar las investigaciones, mientras el alcalde de El Alto cuestiona la medida y recuerda el acuerdo para evitar persecuciones
07/07/2026 8:21
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La detención preventiva por seis meses en el penal de Chonchocoro del dirigente de la Federación Departamental Túpac Katari de La Paz, Vicente Salazar, provocó inmediatas reacciones de autoridades nacionales y actores políticos, que expresaron posiciones divididas tras la decisión judicial.
Respaldo a la decisión judicial
Desde la Asamblea Legislativa, legisladores oficialistas respaldaron la resolución y señalaron que Salazar debe responder por las consecuencias de los 53 días de bloqueos que afectaron al país. Además, pidieron que las investigaciones se amplien a otros dirigentes y presuntos responsables de la organización de las movilizaciones.
El director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, sostuvo que los bloqueos ocasionaron graves perjuicios económicos al país y afirmó que los responsables deben rendir cuentas ante la justicia.
“Bolivia ha vivido cautiva de estos grupos de poder. Los bloqueos dejaron una economía golpeada y enormes pérdidas para sectores como el turismo, la industria, el comercio y la gastronomía”, afirmó.
Críticas a detención preventiva de Salazar
Por su parte, el alcalde de El Alto, Eliser Roca, expresó su desacuerdo con la determinación judicial y recordó que durante el conflicto había solicitado al presidente Rodrigo Paz evitar la persecución de dirigentes sociales y descartar la aplicación de un estado de excepción.
“Le pedí al Presidente que no persiga a mis dirigentes, que no maltrate a mi pueblo alteño y que no dicte un estado de excepción. Considero que cumplí con mi deber como ciudadano”, señaló la autoridad municipal.
Defensoría dará seguimiento al proceso judicial
La Defensoría del Pueblo reiteró que hará seguimiento al proceso para verificar que se respeten las garantías constitucionales y el debido proceso, tanto para los investigados como para las víctimas de los conflictos sociales.
Acusación contra Salazar
La Fiscalía imputó a Vicente Salazar por los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos. La justicia determinó su detención preventiva por seis meses mientras continúan las investigaciones.
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