“Se restablecen requisitos previos”: Gobierno elimina contratación directa y activa licitaciones

El Gobierno determinó eliminar las contrataciones directas como regla general y restablecer la obligatoriedad de licitaciones públicas, en el marco del Decreto Supremo 5600, que marca un cambio en la gestión de obras y servicios estatales.

El viceministro de Transparencia, Yamil García, explicó que, a partir de ahora, todos los procesos deberán cumplir requisitos previos como estudios de factibilidad, justificación económica, saneamiento de terrenos y análisis técnicos antes de su ejecución.

“Se restablece el cumplimiento de todos los requisitos previos para una contratación. Los proyectos deben ser viables, contar con estudios y condiciones adecuadas”, afirmó el viceministro.

Según la explicación oficial, durante la anterior gestión se aprobaron al menos 161 decretos que permitieron contrataciones directas sin convocatoria pública, lo que —según el Gobierno— derivó en irregularidades.

“Se ha convertido la excepción en regla. Se realizaban contrataciones sin convocatoria, sin estudios y en algunos casos sin terrenos definidos”, sostuvo.

Entre los ejemplos mencionados, se citó la adjudicación de proyectos millonarios sin respaldo técnico, así como obras observadas por falta de estudios de suelo.

Asimismo, se cuestionó la adquisición de bienes sin procesos transparentes, señalando incluso la compra de un avión presidencial con presunto sobreprecio.

Con la nueva normativa, las contrataciones deberán realizarse mediante procesos abiertos, salvo en casos excepcionales como desastres naturales o emergencias.

“Las excepciones se mantienen, pero solo para situaciones de urgencia real, no para justificar contrataciones discrecionales”, aclaró la autoridad.

En cuanto a los contratos ya vigentes, se informó que estos continuarán bajo el principio de irretroactividad; sin embargo, se instruyó una revisión exhaustiva de los procesos realizados bajo los decretos anteriores.

“Se ha ordenado a todos los ministerios revisar las contrataciones realizadas para identificar posibles hechos de corrupción”, indicó.

El Gobierno prevé que en un plazo inicial de 30 días se presenten los primeros resultados de auditorías, además de eventuales denuncias ante el Ministerio Público y la Contraloría.

La nueva disposición busca, según el Ejecutivo, transparentar la gestión pública, evitar sobreprecios y garantizar que los recursos del Estado se administren bajo criterios técnicos y de legalidad.