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El ministro José Luis Lupo informó que se evaluarán proyectos paralizados que generaron millonarios gastos sin resultados. Analistas respaldan medidas, pero piden una ley de contrataciones.
06/04/2026 19:59
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El Gobierno anunció que asumirá medidas para cerrar o intervenir obras inconclusas que actualmente generan gastos sin resultados, en medio de denuncias de presuntas irregularidades en la ejecución de proyectos estatales.
El ministro Lupo, en conferencia de prensa, afirmó que se realizará una evaluación de iniciativas paralizadas o sin atención, muchas de ellas afectadas por el uso ineficiente de recursos públicos.
“Lo que hemos encontrado no son errores aislados, son decisiones que afectaron directamente a la gente”, señaló.
Obras paralizadas y sin resultados
La autoridad mencionó varios ejemplos de infraestructura inconclusa, entre ellos:
“¿Cuál es el resultado? Pacientes sin tratamiento oncológico, infraestructura abandonada y recursos sin retorno”, cuestionó.
Denuncian sistema de corrupción
El ministro sostuvo que estos proyectos no son casos aislados, sino parte de un sistema que operó durante años.
“Han sido parte de un sistema de corrupción instituido en el país por casi 20 años”, afirmó.
Decreto para transparentar contrataciones
En este contexto, el presidente promulgó el Decreto Supremo 5600, orientado a transparentar las contrataciones directas y combatir actos de corrupción.
La norma fue valorada por analistas como un avance en la lucha contra irregularidades en la administración pública.
Piden una ley
El analista Guido Calcina consideró que la medida permitirá “desenmascarar empresas que han generado elefantes blancos”, mientras que otros sectores pidieron ir más allá.
El exdirigente alteño Roberto de la Cruz señaló que es necesario aprobar una ley de contrataciones públicas, ya que actualmente las decisiones se toman mediante decretos.
“No hay una ley de contrataciones en el país (…) esto no puede continuar”, manifestó.
Evaluación en marcha
El Gobierno anunció que continuará con la revisión de proyectos para determinar responsabilidades y definir el destino de las obras inconclusas.
El tema abre un nuevo debate sobre la gestión de recursos públicos y la necesidad de reformas estructurales en los procesos de contratación estatal.
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