"Se especula una coima de $us 10 millones": Caso Marset desata crisis política en Uruguay

"Uruguay está viviendo una tormenta política", fueron las palabras que utilizó el analista Nicolás Centurión para referirse a la situación que atraviesa el país uruguayo tras la divulgación de audios con conversaciones entre el canciller de Uruguay Francisco Bustillos y la vicecanciller Carolina Ache evidenciando un presunto intento del gobierno uruguayo de ocultar información sobre la entrega la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

La conversación, que ocurrió en noviembre de 2022, ya provocó que el ministro Bustillo presente su renunciar a su cargo. La exautoridad afirmó ante la Fiscalía que al hacerse público el otorgamiento del pasaporte a Marset, desconocía por completo la identidad del individuo. "El nombre de Marset no me significaba nada en ese momento", declaró.

Sin embargo, Centurión lo cuestionó y aseguró que el gobierno uruguayo tenía pleno conocimiento de la verdadera identidad y los antecedentes de Marset. "Estamos hablando de una persona con antecedentes, investigada por homicidio y, a pesar de ello, se le concedió el pasaporte".

Estas revelaciones han suscitado sospechas de corrupción en los estratos superiores del gobierno, particularmente ante especulaciones sobre una posible coima de 10 millones de dólares para la emisión del pasaporte. "¿Fue la emisión del pasaporte el resultado de amenazas, favores o incluso una coima?", cuestionó Centurión.

El presidente Luis Lacalle Pou regresará a Uruguay procedente de Estados Unidos este sábado y tiene programada una reunión a las 17.00 horas con los líderes de la coalición gubernamental. Se espera que el mandatario aborde esta crisis y brinde explicaciones a la ciudadanía sobre las revelaciones que han sacudido la esfera política del país.

“El presidente Lacalle está en jaque y se espera que llegue el sábado y se reúna con los líderes de la coalición para luego informar a la gente”, agregó.

Las repercusiones y consecuencias de esta revelación podrían tener un impacto duradero en la política y la percepción pública en Uruguay.