El director del Cepad y experto constitucionalista publicó un decálogo advirtiendo que la consolidación democrática depende de la transparencia y la escucha activa.
01/05/2026 21:50
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En un contexto de alta expectativa política, Carlos Hugo Molina, referente en gestión pública y derecho constitucional, publicó un documento que, lejos de ser una crítica destructiva, se presenta como un análisis profundo sobre la esencia de la democracia boliviana y las obligaciones éticas del Ejecutivo para garantizar la estabilidad hasta el año 2030.
La democracia como ejercicio de rebeldía
Molina inició su exposición recordando que la democracia en el país no es una concesión, sino un logro nacido de la "rebeldía" ciudadana. Bajo esta premisa, subrayó que el espíritu crítico de la población es el motor de una "insatisfacción razonable" que debe ser escuchada y no ignorada por el poder.
"El silencio no es lealtad con los cambios necesarios", sentenció Molina, marcando una distancia clara con las posturas de apoyo incondicional que suelen rodear a los mandatarios.
Uno de los ejes centrales del mensaje fue la demanda de información clara. Molina reconoció el complejo escenario de "desgobierno heredado", aclarando que la ciudadanía no espera soluciones mágicas inmediatas, pero sí un manejo transparente de los recursos públicos.
El experto señaló que gran parte de la incomodidad social actual surge de la falta de información oportuna sobre los resultados de gestión que aparecen en los medios. En este sentido, instó al gobierno a ofrecer respuestas que brinden tranquilidad a través de una "capacidad de escucha y reacción oportuna".
Los pilares para la gobernabilidad (2026-2030)
De cara al futuro del país, el director del CEPAD planteó varios puntos estratégicos para asegurar la paz social y la consolidación del sistema democrático:
Sin "Plan B": Molina enfatizó que no existe alternativa al éxito de la gestión actual si se quiere salvar la democracia. Propuso un "compromiso de razonabilidad" del ciudadano hacia el Gobierno, siempre y cuando exista lealtad democrática y transparencia.
Encuestas y chantaje: Advirtió que el apoyo popular reflejado en los sondeos no debe ser interpretado como un cheque en blanco ni ser utilizado como herramienta de chantaje político.
Hacia el Estado Federal: Recordó que los resultados electorales autonómicos ya marcaron la hoja de ruta de la gobernabilidad, pidiendo al presidente "ponderación y discernimiento" en el proceso hacia el modelo federal.
Finalmente, el jurista hizo un llamado a romper el ciclo de violencia y confrontación en el que el país ha estado sumergido. Abogó por un enfoque de desarrollo basado en el trabajo digno, el fortalecimiento de ciudades intermedias y el turismo, alejando la gestión estatal de la disputa política estéril.
"La consolidación de la democracia pasa por las respuestas que ofrezca una gestión pactada", concluyó Molina, reafirmando que el futuro de Bolivia se define en la capacidad del mandatario para gobernar con el ciudadano y no de espaldas a él.
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