CIDH y ONU advierten riesgo de "retroceso en búsqueda de justicia" por muertes en Senkata y Sacaba

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Derechos Humanos en América del Sur emitieron un pronunciamiento advirtiendo un riesgo CIDH y ONU advierten riesgo de "retroceso en búsqueda de justicia" por muertes en Senkata y Sacaba, ante los fallos judiciales que anularon los procesos contra policías y militares sindicados por los hechos de 2019.

“La CIDH y ONU Derechos Humanos consideran que la anulación de lo actuado en los procesos judiciales puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”, señala parte del pronunciamiento.

El documento recuerda que el 25 y el 29 de agosto de 2025, los jueces a cargo de los procesos judiciales por los casos de Senkata y Sacaba, respectivamente, ordenaron la anulación de los expedientes judiciales por incompetencia en materia.

Al respecto, entidades de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo de Bolivia han expresado preocupación ante el riesgo de que estas decisiones generen impunidad y vulneren el derecho de las víctimas al acceso a la justicia de manera pronta y oportuna.

Según el documento, las decisiones judiciales en ambos casos, “evidencian un serio obstáculo al deber estatal de implementar las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Ello incluye las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia), que han sido acompañadas por la CIDH a través de la Mesa de Seguimiento a las recomendaciones de dicho Informe (MESEG – Bolivia), así como las contenidas en el informe que elaboró una misión de ONU Derechos Humanos”.

La CIDH y ONU Derechos Humanos solicitaron a las instituciones bolivianas a considerar el impacto de las anulaciones judiciales en los compromisos internacionales de derechos humanos y a que se eviten demoras procesales.

Al respecto, la ministra de Justicia, Jessica Saravia, señaló que estos procesos deben ser analizados en las instancias correspondientes, considerando que se debe hallar justicia para las familias que perdieron a sus seres queridos.

“Para nosotros como Gobierno Nacional, es importante hacer mención y recordar que es una obligación de todos los órganos del Estado, actuar de acuerdo a las obligaciones internacionales de derechos humanos, y con el propósito de no desamparar a las víctimas de estas vulneraciones a los derechos humanos, que estos hechos no dejen de ser procesados y que no exista una impunidad”, afirmó Saravia.