El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, anunció la suspensión de relaciones institucionales con el alcalde Jhonny Fernández tras los hechos de violencia del 4 de mayo. Además, se declaró un estado de emergencia cívica.
05/05/2025 19:57
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El Comité pro Santa Cruz ratificó su postura en defensa de la autonomía municipal y de la democracia, tras los hechos ocurridos el pasado 4 de mayo, que incluyeron un violento enfrentamiento entre concejales, con heridos y graves disturbios como resultado.
En una reunión extraordinaria llevada a cabo por el Comité, Agustín Zambrana, vicepresidente de esta institución, emitió una fuerte declaración en la que se condenó el accionar del alcalde Jhonny Fernández.
“Lamentamos lo que ha sucedido este 4 de mayo. Se ha dado un golpe certero a la autonomía municipal”, afirmó Zambrana, quien continuó anunciando una serie de medidas en respuesta a los acontecimientos.
Entre las decisiones más significativas tomadas, se destacó la suspensión inmediata de todas las relaciones institucionales con el alcalde Fernández hasta que se depongan sus actitudes. Además, el Comité declaró al alcalde persona no grata, acusándolo de la violación a la autonomía municipal.
Zambrana también subrayó que el Comité pro Santa Cruz no asistirá a los actos convocados por el alcalde y manifestó que se declararon en estado de emergencia cívica en defensa de la autonomía municipal.
Asimismo, hizo un llamado a Fernández para que se pronuncie de manera clara y contundente sobre los actos de violencia, defendiendo la autonomía municipal y presentando un plan concreto para resolver la crisis de gestión que atraviesa el municipio.
El ente cruceño exigió que el Concejo Municipal lleve a cabo todas las acciones legales pertinentes contra los responsables de los hechos registrados, e instó a la Policía y la Fiscalía a identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de estos actos delincuenciales.
Por su parte, el alcalde Jhonny Fernández calificó la sesión del Concejo Municipal del 4 de mayo como ilegal, cuestionando el procedimiento utilizado por los concejales opositores para instalar la sesión y elegir a la nueva directiva, asegurando que la convocatoria no se ajustaba al reglamento interno del Concejo.
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