Defensoría del Pueblo advierte preocupación en Pisiga por zanjas en la frontera con Chile

Las medidas adoptadas por el gobierno de Chile para reforzar el control en la frontera con Bolivia, como la construcción de zanjas y otras barreras de seguridad, generan preocupación entre los habitantes de la zona fronteriza de Pisiga, en el departamento de Oruro.

El coordinador regional de la Defensoría del Pueblo en Pisiga, Ricardo Ramírez, señaló que estas decisiones podrían tener repercusiones en la dinámica social y económica de las comunidades que viven en ambos lados de la frontera.

Según explicó, en meses anteriores se registró una llegada considerable de ciudadanos venezolanos por este punto fronterizo, situación que habría motivado a Chile a reforzar los controles.

“Chile ha empezado a ejercer este tema de cavar zanjas y exige a Bolivia inclusive que controle su frontera”, manifestó Ramírez.

Impacto en comunidades fronterizas

Desde la Defensoría del Pueblo también advirtieron que uno de los aspectos más sensibles es el intercambio comercial entre pobladores de ambos países, una actividad que se desarrolla desde hace años entre comunidades cercanas a la frontera.

Entre las localidades que mantienen este flujo de comercio se encuentran Pisiga, Pisiga Carpa y Colchane, donde las poblaciones dependen en gran medida de estas relaciones económicas y sociales.

Ramírez indicó que estas prácticas forman parte de las dinámicas tradicionales entre comunidades fronterizas, por lo que cualquier medida que afecte la circulación o el intercambio podría generar consecuencias para los habitantes de la zona.

Tema debe tratarse a nivel diplomático

Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo considera que las decisiones relacionadas con el control fronterizo deben ser analizadas a nivel diplomático entre ambos países, tomando en cuenta los derechos de las comunidades indígenas y de las poblaciones que históricamente mantienen vínculos transfronterizos.

La institución recordó que existen acuerdos y normas internacionales que reconocen la relación entre pueblos fronterizos, especialmente en regiones donde las comunidades comparten actividades económicas, culturales y familiares.