El exministro José Luis Parada es sentenciado a 8 años de cárcel por crédito del FMI

El Procurador General del Estado, Ricardo Condori Tola, informó que el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer 6º de La Paz dictó este martes sentencia condenatoria contra el exministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada Rivero, imponiéndole una pena de 8 años de privación de libertad por su participación en la gestión irregular del crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2020, sin la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

De acuerdo con la resolución, los acusados fueron procesados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes (art. 153 del Código Penal); incumplimiento de deberes (art. 154); contratos lesivos al Estado (art. 221); y conducta económica antieconómica (art. 224).

“El proceso penal fue impulsado por el Ministerio Público, a instancias del Banco Central de Bolivia (BCB), el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y la Procuraduría General del Estado, logrando que el juez dicte sentencia por la aprobación irregular de créditos durante la gestión de Jeanine Áñez”, informó el procurador al concluir la audiencia.

En el mismo fallo, se declaró rebeldes a Guillermo Aponte Reyes Ortiz, expresidente del BCB, condenado a 5 años de cárcel, y a Walter Erik Guzmán Tordoya, sentenciado a 1 año de reclusión. En tanto, Carlos Schlinck Ruiz, Luis Armando Pinell Siles, Roger Alejandro Banegas Rivero, José Gabriel Espinoza Yáñez y Erwin Walter Morales Carrasco fueron absueltos de responsabilidad penal.

Según la acusación, el 10 de abril de 2020, Parada y Aponte firmaron la carta de intención MEFP/DM/JG-0683/2020 para solicitar al FMI el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) equivalente a 240,1 millones de DEG (aproximadamente 324 millones de dólares), bajo el argumento de atender la emergencia fiscal y sanitaria por la pandemia del COVID-19.

Posteriormente, el 20 de abril de 2020, se suscribió un memorando de entendimiento y un convenio interinstitucional entre el MEFP y el BCB para viabilizar el crédito, sin el aval de la Asamblea Legislativa, contraviniendo el marco legal vigente.