Gobierno convoca al diálogo tras afirmar que "atendieron demandas de marcha indígena"

En una jornada decisiva para destrabar el conflicto social en el norte paceño, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Gobierno, ratificó que las demandas de la marcha indígena han sido atendidas en su totalidad. Desde el municipio de Caranavi, las autoridades hicieron un llamado a la dirigencia para instalar una mesa de diálogo que permita explicar los alcances del nuevo Decreto Supremo 5613.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes Muñoz, enfatizó que la nueva normativa fue elaborada de manera consensuada para dar respuesta a problemas históricos de seguridad jurídica y burocracia en el sector agrario.

“Desde el principio sus demandas fueron aceptadas (…) el documento que hemos negociado y elaborado conjuntamente con la gente de la marcha ha sido aprobado exactamente como fue consensuado”, recalcó la autoridad.

Según la explicación oficial, el decreto busca subsanar "injusticias dramáticas”, refiriéndose a procesos de titulación que se encontraban paralizados por décadas, perjudicando la estabilidad de comunidades campesinas y pequeños propietarios. Para el Ejecutivo, la vigencia de esta norma elimina el sustento de la protesta.

Al respecto, Paredes fue tajante sobre la continuidad de las medidas de presión:

“No habría razón alguna para continuar la marcha, porque se han cumplido todas las demandas”.

Uno de los puntos de fricción ha sido la Ley 1720. Ante los cuestionamientos de los movilizados, el viceministro informó que se ha presentado una acción ante el Tribunal Constitucional y se trabaja en una "ley corta" que ratifique la protección de los derechos propietarios.

Paredes reconoció que existe un clima de escepticismo, pero apostó por la transparencia para desactivar el conflicto: “La confianza va a ser verificada por los resultados”, sentenció, a la espera de que los marchistas accedan a la reunión técnica en Caranavi para formalizar la solución definitiva.