Abogado alista respuesta a la OLAF y advierte que podría afectar a Luis Arce

La investigación por el caso de "coimas millonarias" en la gestión del exministro de Medio Ambiente y Aguas, Juan Santos Cruz, escaló a nivel internacional tras la decisión de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de investigar proyectos financiados por la Unión Europea.

El abogado Abel Loma, defensor de la testigo clave, Claudia Cortez, confirmó que recibió una notificación oficial desde Bélgica por parte de la OLAF, organismo que vela por la correcta inversión de los fondos de la Unión Europea. Loma anunció que remitirán la información solicitada a la brevedad.

El abogado explicó que la OLAF identificó "probablemente el fraude o corrupción de la inversión de proyectos en tres casos dentro del caso de coimas millonarias".

El trabajo del equipo legal ahora se centrará en cruzar la información: "Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es comprobar o corroborar si estos proyectos están inmersos dentro del caso coimas que la señora Cortez nos ha hecho referencia".

Loma destacó la importancia de la colaboración de su patrocinada:

"La señora Cortez, por ejemplo, ha identificado un proyecto en la localidad de Viacha, de alcantarillado y riego. En Cochabamba, ella ha identificado tres proyectos; en Tarija, ha identificado un proyecto, es decir, ha ido hablando diferentes proyectos de donde ella, en persona, ha ido a recoger estos montos de dinero".

El monto total de las coimas en los diferentes proyectos, según la libreta de la testigo en poder de la Fiscalía, ascendería a cerca de 19 millones de bolivianos, equivalente al 3% del monto total de las obras adjudicadas.

El abogado lanzó la acusación más seria sobre la estructura de corrupción, responsabilizando directamente a las más altas esferas del anterior gobierno por su inacción, a pesar de tener pleno conocimiento de los hechos.

"Toda esta estructura de corrupción dentro del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas antes que fuera de conocimiento público, ha sido de conocimiento de Susana Ríos, que era la viceministra de Transparencia, pero además también del expresidente del Estado, Luis Arce Catacora. Las dos autoridades no han hecho absolutamente nada", afirmó.

Loma afirmó que la investigación de la OLAF es una respuesta a la "inactividad del gobierno boliviano en la anterior gestión", ya que la testigo clave tuvo que acudir a los medios de comunicación después de intentar infructuosamente denunciar el caso "al presidente en persona" y a la Viceministra de Transparencia.

El abogado advirtió que la magnitud de la investigación de la Unión Europea podría tener graves implicaciones políticas y jurídicas, incluso para el exmandatario.

"De corroborarse este tema de la OLAF, incluso el expresidente Luis Arce puede enfrentar juicio de responsabilidades también. Es de una magnitud enorme las consecuencias o los impactos que podría generar esta investigación", advirtió.

El abogado insistió en que el Estado boliviano debe reforzar urgentemente sus mecanismos de control, ya que una mala gestión de estos casos podría llevar a la Unión Europea a establecer "mayores requisitos" o restricciones, afectando las condiciones de futuros proyectos de inversión en el país.