El exministro de Justicia consideró que los recursos presentados por organizaciones indígenas podrían tener "motivos políticos".
22/04/2025 0:06
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El exministro de Justicia, Iván Lima, se refirió a los recursos presentados en relación con el proceso de elecciones generales del próximo 17 de agosto. El abogado indicó que no se puede comparar con lo sucedido en las elecciones judiciales del año 2024, ya que son escenarios diferentes.
"Una acción constitucional tendría que venir de alguno de los actores políticos, de los partidos o alianzas", comentó Lima en Que No Me Pierda.
Paridad
Así, afirmó que la etapa definitiva se centra en relación con el 18 de mayo, cuando los partidos deben tener el candidato a presidente, vicepresidente, diputados y senadores. En pasados días, el expresidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, solicitó un cambio de reglamento para que el binomio de todas las fuerzas políticas sea hombre-mujer.
"Esa fecha es fundamental, clave porque tendrán que inscribir los binomios, que, en opinión de Huaytari y su solicitud de medida cautelar sean hombre y mujer. Es inconstitucional y si el Tribunal lo hiciera, en mi opinión, sería prevaricato, ir en contra de la Constitución y la ley", afirmó.
Explicó que este recurso será definido por la comisión de admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), si se tramita, admite o se rechaza. Aclarando que ya no existe la Sala Cuarta, que en la gestión pasada admitió muchos de los recursos que paralizaron las elecciones judiciales, detalló que la comisión que estudiará el caso está integrada por Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, Ángel Edson Dávalos Rojas y René Iván Espada Navía, quienes deben "garantizar el respeto a la Constitución".
"Si fuera admitido el recurso de Huaytari da una señal de preocupación y sería algo grave porque esa acción no tiene fundamento constitucional. La Constitución señala que el binomio paritario tiene que regularse por ley. Esto tiene que hacerlo la Asamblea. Si se hace lo que pide Huaytari, estaríamos ante una vulneración de la Constitución", agregó.
Asimismo, dijo que si se admitiera el recurso, se debe notificar personalmente al vicepresidente, que tiene 15 días hábiles para contestar y los plazos exceden el 18 de mayo. Según Lima, si se aplicara el recurso de Huaytari, sería para las elecciones de 2030.
"En este momento, el país tiene binomios muy fuertes de dos hombres en la mayor parte de los partidos políticos. Tendrían que elegir por una imposición del Tribunal a una mujer candidata. Esto desordena el panorama político y los partidos que tienen liderazgos femeninos estarán en ventaja", comentó.
Del mismo modo, consideró que si el Tribunal se pronuncia después del 18 de mayo, se tendría que retroceder en el calendario electoral, lo cual no se puede hacer. "Así sí nos enfrentamos a un problema serio. En la anterior elección se vulneró el principio de preclusión y esperemos que no ocurra en esta elección", aseveró.
Sin embargo, consideró que el riesgo es menor. Además, recordó que el presidente Luis Arce garantizó la realización de las elecciones para el 17 de agosto y dijo que Huaytari "ya no es un referente político".
Pueblos indígenas
Respecto a las acciones anunciadas por organizaciones en referencia a la participación de pueblos indígenas en las elecciones, Lima indicó que "algunos de los recursos tienen un motivo político", asegurando que no es un argumento constitucional.
Explicó que la ley 1096 dice que los 36 pueblos indígenas pueden participar en sus departamentos o en sus municipios, a nivel subnacional. El reglamento del 25 de marzo del Tribunal Supremo Electoral permite a los pueblos indígenas participar en las elecciones generales en alianza con organizaciones políticas.
"No se restringió el derecho de ningún pueblo indígena, no se vulneró ningún derecho. Me preocupa la Cidob porque en su solicitud firma como presidente Justo Molina. La última vez que lo vi fue en el gabinete social con el presidente Arce, de la Cidob 'arcista'. Molina firma la solicitud que aparentemente tendría como finalidad demorar las elecciones o que no vayan. Las otras firmas de Cidob son funcionarios públicos. Preguntemos a Cidob si está actuando por instrucciones del oficialismo, esto tiene que aclararlo el gobierno y la ministra de la Presidencia", detalló.
Apuntó que la Cidob (Confederación de pueblos Indígenas del Oriente Boliviano) es una organización nacional que tiene personalidad jurídica, pero que Consac (Concejo Nacional de Suyus Aymaras y Quechuas del Qullasuyo) y Coniob (Comité Nacional de Indígenas y Originarios de Bolivia) no están reconocidas, además cuestionó su representatividad.
"Justo Molina debe aclarar si está actuando como parte del gabinete social del presidente Arce o en consulta con las más de 30 organizaciones indígenas que tiene la Cidob. Lo pongo en duda porque Justo Molina está en Estados Unidos, hace varios días en una actividad de Naciones Unidas", agregó.
Además, se refirió al vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe. "Lo que en la ley se ha regulado no puede ser saltada porque al vocal Tahuichi se le ocurra desconocer aspectos mínimos del derecho constitucional. Es claramente que él ha estado incitando a la Cidob, Consac y Coniob porque adelanta criterio y eso también está mal", apuntó.
"Los tres recursos presentados y la argumantación que utilizan pareciera que tiene la finalidad de crear no un 'taxi partido', sino una 'taxi organización' que pueda brindarle el cobijo a los actores políticos que quieran ser candidatos, que no tienen partido. No parecen serias estas solicitudes y no tienen base constitucional", dijo.
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