Justicia tras 11 años: Condenan a 29 años de prisión a agresor que acechaba fuera de una escuela en Ecuador

En una resolución que pone fin a una década de impunidad, un tribunal de justicia en Ecuador dictó la pena máxima de 29 años de prisión contra Rigoberto Rodrigo C. L., hallado culpable del delito de violación con ensañamiento contra una niña que, al momento del ataque en 2015, tenía apenas 11 años.

El caso, que inicialmente fue archivado por falta de un responsable identificado, dio un giro inesperado en 2020 cuando la víctima logró identificar plenamente a su agresor, permitiendo a la Fiscalía General del Estado reabrir las investigaciones y capturar al culpable.

El perfil del agresor: un vendedor de dulces

Las investigaciones revelaron un detalle alarmante: el ahora sentenciado trabajaba como vendedor ambulante de chicles y caramelos en los exteriores de la unidad educativa a la que asistía la pequeña. Esta posición de cercanía le permitió vigilar y acechar a la víctima hasta el día del ataque.

El suceso ocurrió el 19 de abril de 2015 en el sector de Santa Rosa, en el cantón Ambato. Aprovechando que la niña se encontraba sola en su casa mientras sus padres realizaban compras, el hombre ingresó a la vivienda. Al regresar, los progenitores hallaron a su hija ensangrentada y con un traumatismo craneoencefálico severo producto de la agresión física y sexual.

El ADN: la prueba irrefutable

En los primeros meses de la investigación original, una persona fue detenida erróneamente, pero las pruebas de ADN la exculparon, lo que llevó al cierre provisional del expediente. Sin embargo, tras la identificación por parte de la menor años después, la ciencia fue determinante para la condena actual.

"La Fiscalía demostró la responsabilidad del procesado mediante el análisis de ADN de la proteína P-30, que coincidió exactamente con las muestras biológicas del sentenciado", dicta el informe judicial.

Además de la prueba genética, el tribunal valoró el testimonio anticipado de la víctima realizado en una cámara de Gesell, informes psicológicos y de entorno social que confirmaron el daño causado; y peritajes médicos ginecológicos que evidenciaron el ensañamiento del ataque.

Una multa ejemplar

Además de la privación de libertad, los jueces impusieron una multa de 276.000 dólares (equivalente a 600 salarios básicos en Ecuador). La condena se amparó en el Código Orgánico Integral Penal del país, aplicando agravantes por la extrema violencia utilizada contra una menor de edad.

Este fallo ha sido recibido por organizaciones de derechos humanos como un mensaje contra la impunidad en delitos sexuales infantiles, destacando que el paso del tiempo no impide que la ciencia y el testimonio de las víctimas alcancen la justicia.