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Ordenan detención domiciliaria y el pago de fianza para Sandra Velarde por el caso vertedero

Además de Velarde, la justicia dispuso que otros dos acusados se defiendan en libertad. La exsecretaria de Finanzas de la Alcaldía, fue acusada por el presunto sobreprecio en la compra de los terrenos del vertedero. 

11/02/2022 21:10

Santa Cruz - Bolivia

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Luego de una maratónica audiencia cautelar que duró al menos seis horas este viernes en el Palacio de Justicia, el juez ordenó que medidas sustitutivas a la detención preventiva para la exsecretaria de Finanzas del Gobierno Autónomo Municipal, Sandra Velarde, acusada por el presunto sobreprecio en la compra de terrenos para el funcionamiento del vertedero municipal. 

El juez dispuso que Velarde se defienda en libertad bajo arresto domiciliario, arraigo y el pago de una fianza de Bs. 70.000. 

Al término de la audiencia cautelar, el abogado de la arquitecta Velarde, Lucas Tórrez, manifestó que se demostró ante la autoridad jurisdiccional que su defendida no legisla, no participaba del Ejecutivo y que se expropiaron los predios con leyes municipales.

"Hemos presentado algunos memoriales y entre ellos hicimos la siguiente interrogante, ¿comparado con qué predio es que el arquitecto Daga da el monto de un dólar el metro cuadrado? ¿Cuáles son los nombres de los vecinos de los predios que dan ese valor? ese informe no lo tienen", cuestionó el jurista.

Indira Suárez, exsecretaria municipal de Administración y Finanzas; y Fabián Égüez, uno de los propietarios de estos terrenos, también comparecieron ante el juez. Ambos fueron beneficiados con el arresto domiciliario, arraigo y el pago de una fianza. 

Velarde como Suárez y Égüez fueron acusados por los supuestos delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. 

Durante la audiencia, el fiscal Alberto Ceballos, presentó los elementos en contra de los tres acusados del proceso penal y pidió al juez que sean enviados preventivamente al penal de Palmasola, por considerar que existían riesgos procesales, entre ellos de obstaculización y de fuga.

Un informe de la Contraloría General del Estado (CEG) estableció que por la compra de los predios donde actualmente funciona el vertedero, dentro del distrito municipal 14, hubo un sobreprecio de $us 8 millones.

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