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18/08/2019 - 16:50

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Uniformado “gasificador” continuará ejerciendo funciones pese a su baja

Continuará trabajando en otra unidad policial, pese a una resolución que establece su baja definitiva.

Cochabamba, Bolivia

Fernando Raúl Merlo Argani, uniformado que tenía el grado de capitán fue dado de baja luego de rociar con gas lacrimógeno a dos niños, agredir a una persona de la tercera edad y una mujer, así lo informó el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga.

"El Ministerio de Gobierno está emitiendo una Resolución, en la cual la parte resolutiva dispone la baja inmediata del funcionario policial con el grado de capitán, el señor Fernando Raúl Merlo Argani", aseguró Quiroga.

Merlo continuará trabajando en otra unidad policial, pese a que el Ministerio de Gobierno emitió una resolución que establece su baja definitiva. El funcionario de la Policía cumplía labores en la EPI Sur, Merlo en 2012 fue acusado de abuso deshonesto a una niña de 12 años.

La defensa del acusado apeló la decisión con un recurso de casación. El documento fue remitido al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Sucre, es esta instancia que autorizó la libertad del ex capitán.

"Este recurso ayudó a este mal policía a que retorne a filas policiales (...) Nosotros hemos dispuesto la baja, la instrucción se dio y debe procederse a la baja de estos malos policías", lamentó Quiroga.

El policía apeló, pero en 2017 el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba ratificó la sentencia. Aun así, Merlo recurrió al Tribunal Supremo de Justicia, que en mayo de 2018 lo favoreció con una sentencia en recurso de casación, dejando sin efecto la resolución del Tribunal Departamental.

Según Quiroga, el policía Merlo aprovechó esa sentencia del Tribunal Supremo para reincorporarse a la entidad del orden. El Viceministro de Régimen Interior acusó a los jueces de liberar sin pruebas a policías acusados de cometer irregularidades.

El fiscal general policial, José Antonio Caviedes, explicó que la Ley 178 establece que ningún funcionario público puede dejar de trabajar y que la Ley Orgánica de la Policía (101) determina que cuando un policía es investigado la Fiscalía Policial debe asegurar su presencia en el proceso investigativo.

El Viceministro también informó que investigan 200 casos similares de policías que tienen sentencias o procesos penales en su contra y siguen ejerciendo funciones en la institución.

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Fernando Raúl Merlo Argani, uniformado que tenía el grado de capitán fue dado de baja luego de rociar con gas lacrimógeno a dos niños, agredir a una persona de la tercera edad y una mujer, así lo informó el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga.

"El Ministerio de Gobierno está emitiendo una Resolución, en la cual la parte resolutiva dispone la baja inmediata del funcionario policial con el grado de capitán, el señor Fernando Raúl Merlo Argani", aseguró Quiroga.

Merlo continuará trabajando en otra unidad policial, pese a que el Ministerio de Gobierno emitió una resolución que establece su baja definitiva. El funcionario de la Policía cumplía labores en la EPI Sur, Merlo en 2012 fue acusado de abuso deshonesto a una niña de 12 años.

La defensa del acusado apeló la decisión con un recurso de casación. El documento fue remitido al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Sucre, es esta instancia que autorizó la libertad del ex capitán.

"Este recurso ayudó a este mal policía a que retorne a filas policiales (...) Nosotros hemos dispuesto la baja, la instrucción se dio y debe procederse a la baja de estos malos policías", lamentó Quiroga.

El policía apeló, pero en 2017 el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba ratificó la sentencia. Aun así, Merlo recurrió al Tribunal Supremo de Justicia, que en mayo de 2018 lo favoreció con una sentencia en recurso de casación, dejando sin efecto la resolución del Tribunal Departamental.

Según Quiroga, el policía Merlo aprovechó esa sentencia del Tribunal Supremo para reincorporarse a la entidad del orden. El Viceministro de Régimen Interior acusó a los jueces de liberar sin pruebas a policías acusados de cometer irregularidades.

El fiscal general policial, José Antonio Caviedes, explicó que la Ley 178 establece que ningún funcionario público puede dejar de trabajar y que la Ley Orgánica de la Policía (101) determina que cuando un policía es investigado la Fiscalía Policial debe asegurar su presencia en el proceso investigativo.

El Viceministro también informó que investigan 200 casos similares de policías que tienen sentencias o procesos penales en su contra y siguen ejerciendo funciones en la institución.