Alcaldesa de Cobija es aprehendida por deudas laborales de gestiones pasadas

La aprehensión de la alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, ha generado una fuerte sacudida política en el departamento de Pando durante las últimas horas. Esta medida judicial responde a una serie de demandas laborales acumuladas durante el periodo 2015-2021, bajo la gestión del anterior gobierno municipal.

Fabio Jorge Alba, director de Planificación y Estrategias del municipio, aclaró que la situación actual es consecuencia de beneficios impagos como refrigerios y el bono frontera. Alba subrayó que no se trata de un problema por falta de pago de salarios actuales, sino de demandas laborales históricas que ya cuentan con sentencia. Uno de los puntos críticos es un laudo arbitral del Sindicato de Trabajadores Municipalistas que asciende a más de 6 millones de bolivianos.

El director cuestionó que en periodos pasados no se contemplara este pago obligatorio, a pesar de que el decreto supremo es sumamente claro al respecto.

Hasta la fecha, la actual administración ha logrado cancelar casi 40 de los 72 procesos que cuentan con sentencia ejecutoriada.

"No se puede cancelar todo de golpe, se va planificando de acuerdo a los ingresos del gobierno municipal", explicó Alba sobre la estrategia financiera.

Respecto a los mandamientos de apremio que causaron la detención, la municipalidad informó que ya se habían desembolsado 1.161.000 bolivianos en el 2024. Por esta razón, la defensa técnica presentará de forma inmediata la documentación necesaria para que la autoridad recupere su libertad.

El entorno de la alcaldesa sospecha que existe un trasfondo político detrás de esta acción judicial, considerando que Reis lidera las encuestas para la Gobernación. Por su parte, la alcaldesa Ana Lucía Reis, mediante una entrevista antes de ser detenida fue tajante: "La alcaldía está quebrada, no tiene los recursos; vamos a seguir trabajando".

Finalmente, el representante del municipio advirtió que aún se ventilan nuevos procesos laborales en el ámbito judicial que podrían generar futuros conflictos. Por ahora, el municipio se enfoca en demostrar que los pagos que motivaron la aprehensión ya han sido debidamente subsanados ante el juzgado.