Magistrado boliviano en la CAN asegura que "solo cumplió con su función"

El magistrado boliviano en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Gustavo García Brito, que participó en el fallo contrario al país en relación a la venta de combustible a precio diferenciado para extranjeros, aseguró que él solo cumplió con su función de velar por los intereses regionales.

Asimismo, explicó que su designación no partió de ninguna autoridad boliviana, sino que fue seleccionado por un grupo plenipotenciario de la CAN en base a una terna que envió la Cancillería de Bolivia en 2019.

“Los magistrados del Tribunal de Justicia de la CAN no son representantes de los Estados, no actuamos en defensa de los intereses nacionales y mandatarios de los gobiernos. Es un tribunal supranacional, independiente”, comentó en entrevista con Fides ayer.

García Brito explicó los jueces de un tribunal internacional deben actuar “únicamente y exclusivamente” en función de los intereses comunitarios cumpliendo con el Acuerdo de Cartagena.

“Lo que guía nuestra actuación es el derecho comunitario, no es que yo voté en contra del país como se ha generado esta narrativa. Sino que en el ejercicio de las funciones que me fueron asignadas, lo que hice fue conformar parte de un colegiado; resolver de manera conjunta dos procesos de un mismo tema y, después de verificar que había conductas contrarias al ordenamiento andino, declararlo de esa manera. Cumplí con la función jurisdiccional”, acotó.

Respecto a la demanda presentada por Perú, el magistrado indicó que el proceso llegó a su fin en noviembre del año pasado y se produjo un empate en la votación.

"Como establecen las normas se convocó a un magistrado suplente para que dirima, en este caso el primer suplente de Colombia. Él se integra y recién se pronuncia en julio de este año y expresa su posición, considera que la demanda debía ser declarada fundada y su voto es incluido en la sentencia”, detalló.

También informó que Bolivia fue defendida, en ese proceso, por la Procuraduría General del Estado y un grupo de abogados. “Quien ejerció la representación del Estado fue la Procuraduría y ellos también tenían abogados patrocinadores que entiendo son de nacionalidad ecuatoriana”, agregó.

Asimismo, García Brito dijo que renunció hace unos días, según él, por presiones políticas y tras conocer que el Estado le inició un proceso por supuesta suplantación de funciones. 

“El motivo de mi renuncia es por la presión y amenazas que había recibido y la afectación que podía hacer a la institucionalidad, pero sigo en funciones hasta que las autoridades competentes decidan”, complementó.