Según la Defensoría del Pueblo, en la última década, más de 4.800 adolescentes contrajeron matrimonio en Bolivia

Los matrimonios y uniones tempranas en menores de edad continúan siendo una problemática vigente en Bolivia, pese a que desde 2015 son reconocidos a nivel internacional como una violación a los derechos humanos.

Se trata de una realidad que afecta principalmente a niñas y adolescentes, quienes se ven obligadas a asumir responsabilidades adultas a temprana edad, muchas veces dejando la escuela y enfrentando relaciones donde el consentimiento es inexistente.

“Es muy importante que como población sepamos que lo que se llamaba matrimonio infantil es un delito y que hay que denunciarlo”, señalaron desde instancias defensoriales.

Un reciente informe presentado por la Defensoría del Pueblo alerta sobre la magnitud del problema, evidenciando no solo matrimonios en adolescentes, sino también un incremento en embarazos en menores de edad.

“Las cifras no solo preocupan, estremecen”, advierte el reporte.

De acuerdo con los datos, entre 2014 y 2023 más de 4.800 adolescentes contrajeron matrimonio en el país, siendo la mayoría mujeres de entre 16 y 17 años.

El documento, titulado “Sueños Interrumpidos”, sistematiza casos registrados entre 2013 y 2024, revelando que esta problemática no distingue entre áreas rurales y urbanas.

Además, se identificaron municipios con alta incidencia de embarazos en niñas, incluso desde los 10 años, en regiones como La Paz y Potosí, así como en Riberalta, que figura entre los lugares con mayor número de casos a nivel nacional.

“Son datos que reflejan una deuda pendiente con niñas que dejaron de ser niñas demasiado pronto”, señala el informe.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo recomendó al Estado la modificación de la Ley 603, con el objetivo de elevar y reforzar la edad mínima para contraer matrimonio y así evitar este tipo de uniones.

La problemática expone una realidad marcada por la vulneración de derechos y la interrupción de proyectos de vida, dejando en evidencia la necesidad de acciones urgentes para proteger a la niñez y adolescencia en el país.