El ministro Marcelo Montenegro, dijo que no se descarta asumir acciones legales contra los senadores porque la derogación de los artículos del Presupuesto General del Estado van en contra de la Constitución Política del Estado.
06/02/2025 11:42
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El ministro de economía Marcelo Montenegro, calificó de un sabotaje conspirativo a la economía del país, de parte de la Cámara de Senadores, tras la aprobación de un proyecto de ley que deroga la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado y otros siete artículos.
“El día de ayer se aprobado en la Cámara de Senadores un proyecto de ley que tiene el objetivo de estrangular la economía nacional, es un sabotaje conspirativo que se están haciendo a la economía popular. ¿Qué están tratando de conseguir los senadores con este sabotaje a la economía boliviana?”, cuestionó Montenegro en conferencia de prensa.
Según el ministro, la derogación de los ochos artículos del proyecto de ley que aprobó el senado y que pasa a revisión de la Cámara de Diputados, genera una inseguridad jurídica y pone en riesgo los salarios. Además, que eliminan la posibilidad de financiamiento para reducir las tasas de intereses externos, eliminan los incentivos a la industrialización, eliminan los incentivos a las inversiones. Eliminan la producción de biodiesel. Eliminan el apoyo a la producción nacional y subvención de alimentos.
El ministro dijo que no se descarta asumir acciones legales contra los senadores porque la derogación de los artículos del Presupuesto General del Estado van en contra de la Constitución Política del Estado.
RENTA DIGNIDAD
El ministro explicó que en el Presupuesto General del Estado se excluye del cobro de la Renta Dignidad a los adultos mayores que continúan percibiendo un salario después de haberse jubilado. El beneficio debe ser para quienes no perciben un salario.
DISPOSICIÓN SÉPTIMA
El gobierno espera que los sectores que cuestionan la disposición séptima adicional puedan traer sus proyectos de ley para ver alternativas a través del diálogo. Actualmente se trabaja en la reglamentación de la normativa que busca regular la confiscación de productos de los que se eleven sus precios.
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