Trata y tráfico de personas en Bolivia, fuera del foco de atención

La trata y tráfico de personas es un delito contra la sociedad boliviana que se ha mantenido poco visible y fuera del foco de atención del gobierno, en gran medida hay una real ausencia de datos y cifras oficiales de intervenciones policiales, de procesos penales y sentencias firmes o ejecutoriadas lo cual facilita un proceso de negación del problema.

La trata y tráfico de personas es la tercera actividad más rentable del mundo, después del narcotráfico y del tráfico de armas y tiene varias modalidades, entre ellas: la modalidad de explotación laboral, la modalidad de explotación sexual y la modalidad de la explotación infantil, de las mismas se desprenden otros delitos conexos, como el delito del chantaje (coercitivo),con personas que manejan audios, fotografías, filmaciones, abusos o cualquier otro acto a fin de someter a las víctimas. Estas organizaciones criminales de trata y trafico van hacia el lugar donde hay más necesidades y mediante engaño los inducen a una situación de servidumbre o de esclavitud que puede ser laboral o sexual.

La explotación se concreta generalmente cuando los obligan a trabajar por encima del máximo diario laboral, cuando les pagan menos del salario mínimo y cuando trabajan en condiciones indignas.

Estas redes delictivas, operan con ofertas engañosas fijando a su objetivo sea grupal o individual, enfocándose en sus necesidades, la miseria y la falta de empleo, aplicando técnicas de acercamiento, seguimiento, contacto, ofrecimiento, posteriormente el traslado de la víctima, el recibimiento en el lugar de explotación y finalmente el sometimiento o esclavitud. Es así, que mientras la población esta desamparada, las intervenciones policiales en Bolivia llegan solamente hasta el “explotador inmediato”, pero no llegan a la red de explotadores o al pez gordo, de manera que la red criminal queda intacta.

Desde el punto de vista de la justicia, las estadísticas de sentencias ejecutoriadas por estas causas son mínimas, no alcanzan al 5% del total de los delitos de orden público debido a fallas procedimentales en la investigación, como ejemplo en el caso del taller de costura recientemente intervenido, se debe investigar a la cabeza de la red y castigar económicamente a la MARCA, y no solamente al contratista explotador, al mismo tiempo que la UIF debe constituirse en parte querellante por el delito del enriquecimiento ilícito y probablemente conexos con el lavado de activos.

Antes que este ilícito siga creciendo igual que el narcotráfico, se exhorta al gobierno que mediante sus instituciones como el ministerio de justicia, el ministerio de gobierno, los órganos como la UIF, el defensor del pueblo y derechos humanos entre otros, debe realizar seis tareas básicas:

1. Planear investigaciones y operativos para desorganizar a estas redes delictivas.

2. Rescatar y proteger a las victimas

3. Realizar un acompañamiento terapéutico en casas de acogida a las víctimas.

4. Elaborar un programa de inclusión y capacitación laboral.

5. Facilitar acceso al trabajo con el apoyo gubernamental.

6. Indemnizar a las víctimas de trata y tráfico, mediante un fondo fiduciario que puedan acumular de las intervenciones a los bienes incautados por esta causa.  

El gobierno es responsable de proteger a los ciudadanos mediante políticas preventivas bien gestionadas para eliminar todas las formas de violencia contra la sociedad como la trata, la explotación sexual y otros tipos de torturas, asegurando la prohibición y eliminación de las actuales formas contemporáneas de esclavitud del ser humano en nuestro país.

Jorge Santistevan Justiniano

ABOGADO CONSTITUCIONALISTA, CNL SP EJTO.

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