Diputada Claros denuncia a exviceministra Alcón por contratos millonarios con el Estado a través de una fundación

La diputada Lissa Claros (Alianza Libre) informó en Que No Me Pierda sobre la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la exviceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. La acusación apunta a la presunta comisión de delitos de contratos lesivos al Estado y beneficio en razón del cargo, vinculados a una supuesta red de corrupción que habría operado con publicidad estatal y frecuencias de radio.

 

El esquema de la "Fundación En Comunicación"

Según la denuncia, el modus operandi consistía en el uso de la Fundación En Comunicación, Libertad y Democracia, una entidad sin fines de lucro que, pese a su naturaleza, habría captado millonarios recursos públicos.

"Ha creado una fundación, no a nombre de ella, sino a nombre de los funcionarios allegados (...) se habría beneficiado con contratos, uno de estos cuestionado por más de 650.000 bolivianos con YPFB", afirmó Claros.

La legisladora cuestionó la celeridad con la que esta fundación obtuvo permisos de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), un trámite que normalmente demora al menos un año: "En tiempo récord han obtenido permisos para radios. ¿Cómo es que se le ha emitido estos permisos y cómo es que han podido adquirir publicidad del Estado?".

Alerta por el vencimiento del arraigo

Claros expresó su profunda preocupación por la lentitud del Ministerio Público, señalando que el próximo 8 de febrero vence el plazo de 90 días de arraigo garantizado por ley para las exautoridades.

"Ya estamos a 60 días. El 8 de febrero tienen la libertad, la impunidad de abandonar el país. Nosotros hace 20 días hemos presentado la denuncia (...) Esperamos que el Ministerio Público coincida con nosotros en que se debe dar celeridad porque van a poder huir del país tranquilamente", advirtió.

La diputada denunció que la fiscalía ha observado la demanda en tres oportunidades por "cosas ínfimas", como errores en el lugar de notificación, lo que entorpece la fiscalización.

Una "red de corrupción" y cobro de coimas

Más allá de los contratos puntuales, Claros sugirió que la investigación podría destapar un esquema mucho más amplio de extorsión a medios de comunicación.

"No estamos hablando de este hecho [los contratos], estamos hablando que incluso la ministra estaría dentro de un núcleo de corrupción muy grande, una red donde cobraban coimas y porcentajes a los medios de comunicación. Se daba la publicidad de manera selectiva", sentenció.

Finalmente, la parlamentaria lamentó la falta de apoyo de instituciones como la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno, exhortándolos a adherirse al proceso y aportar pruebas. "Llevo 5 años fiscalizando muchos casos y hasta el día de hoy no he podido lograr una sentencia. No sabemos si la justicia colabora, si está sometida o si devuelve favores", concluyó con pesadumbre.