Fallo judicial protege el derecho a la salud de personas con enfermedades renales

Tras 12 días de protesta de pacientes renales en Santa Cruz, una acción de libertad presentada por cívicos y autoridades locales logró una resolución judicial que obliga al Gobierno central a garantizar la continuidad de los tratamientos de diálisis en el país.

Stello Cochamanidis presidente del Comité Pro Santa Cruz y uno de los impulsores de esta medida, explicó que la situación había llegado a un punto crítico.

“Es un tema que, definitivamente, es competencia privativa del nivel central. Estuvieron 12 días protestando y, según ellos mismos, fuimos los primeros en escucharlos. Ya no podían seguir así. Entonces, dijimos: ‘algo tenemos que hacer’, y decidimos arriesgarnos, porque aquí ya pasaba al lado humano”, declaró.

La acción fue respaldada por un equipo conformado por el rector de la UAGRM, Reinerio Vargas, la diputada Luisa Nayar, la asambleísta Paola Aguirre, además de representantes del sector salud departamental y municipal.

"Decidimos ir por la vía judicial, y lo más inmediato era una acción de libertad, porque se debe resolver en 24 horas. Esto no podía esperar más. Están obligados a cumplir porque es su trabajo, y si incumplen, enfrentan responsabilidades penales, civiles y administrativas”, señaló Cochamanidis.

En medio de la audiencia judicial, según Cochamanidis, el Ministerio de Salud comenzó a pagar parte de la deuda pendiente, lo que evidenciaría la presión que ejerció el proceso legal.

Más allá del caso puntual en Santa Cruz, el logro marca un precedente nacional. “Lo que se ha conseguido hoy no es solo para Santa Cruz, es para todo el país. Nadie puede dejar sin atención a un paciente renal. Nadie puede decir: ‘no se puede’ o ‘falta esto’. Es un precedente jurídico y humano”, sostuvo.

Según información extraoficial, solo en Santa Cruz la deuda acumulada por el Gobierno con los centros de diálisis superaría los 70 millones de bolivianos.