El abogado del denunciante detalló los fundamentos de la acusación, que incluye los delitos de incumplimiento de deberes, peculado, enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica y uso de influencias.
16/10/2025 23:44
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El presidente de Control Social de El Alto, Gregorio Gómez, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de La Paz contra el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y el Presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, por la presunta "venta anticipada" de 8,4 toneladas de las reservas de oro del país.
El abogado del denunciante, Curmi Rocha, detalló, en entrevista en Que No Me Pierda, los fundamentos de la acusación, que incluye los delitos de incumplimiento de deberes, peculado, enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica y uso de influencias.
Venta millonaria bajo la lupa
Según el abogado, el núcleo de la denuncia es la venta adelantada de 8,4 toneladas de oro que el BCB habría realizado, supuestamente para inyectar dólares al país, pagar la deuda externa y financiar la compra de combustible y la subvención.
Detalle de la venta: 3 toneladas en el primer cuatrimestre de 2025 y 5,4 toneladas en el segundo cuatrimestre, totalizando 8,4 toneladas.
Monto recibido: Por esta operación, el Banco Central habría recibido 828 millones de dólares.
Rocha enfatizó que esta venta se habría realizado "fuera de la norma", contraviniendo la Ley 1503 de Fortalecimiento de las Reservas de Oro, cuyo artículo 9 establece un mínimo de 22 toneladas de oro como reserva.
Reservas mínimas en riesgo y el "candado" roto
El abogado expuso que, si bien el BCB informa tener 24,12 toneladas, la mayor parte (21,85 toneladas) estarían invertidas en bancos internacionales (Suiza, Alemania, Reino Unido, China y EE. UU.), dejando solo 2,27 toneladas en las bóvedas nacionales.
La denuncia también se centra en un movimiento normativo que, según Rocha, eliminó la principal salvaguarda para el oro:
Antecedentes (Gestión 2024): Hubo intentos de aprobar resoluciones internas del BCB (Resolución 148, luego anulada por la 155) para permitir la disposición del oro por debajo del mínimo de 22 toneladas.
Modificación ilegal de la Ley del BCB: El principal acto irregular se habría consumado en la Gestión 2025. El abogado explicó que la Ley del BCB (Artículo 16, vigente desde 1995) exige la aprobación de la Asamblea Legislativa para la pignoración (dar en garantía) del oro.
El Presupuesto General como Caballo de Troya: Esta exigencia (el "candado") fue eliminada al ser modificada la Ley del BCB a través de una disposición incluida en el Presupuesto General del Estado 2025, el cual entró en vigencia automáticamente al no ser aprobado por la Asamblea. "Eliminan que ellos deben tener la aprobación de la Asamblea Legislativa," afirmó Rocha.
Sospechas de devaluación y trabas en la Fiscalía
Rocha concluyó que el destino de las 8,4 toneladas de oro faltantes es crucial, ya que deben ser entregadas al próximo gobierno. Denunció una falta de transparencia del BCB y el Ministerio de Economía respecto a las ganancias y riesgos de las inversiones realizadas.
El denunciante advirtió sobre la grave consecuencia de tener una cantidad tan baja de oro en bóvedas: "Puede haber hasta una devaluación de la moneda".
Rocha dijo que la denuncia inicial fue observada por la fiscal Nilda Calle, quien les pidió demostrar cómo las autoridades se enriquecieron ilícitamente, función que compete al Ministerio Público. La denuncia fue subsanada y fue presentada nuevamente ante el fiscal analista Guido Ureña Quispe, esperando su admisión hasta el próximo lunes. Además, el abogado anticipó que, de ser admitida, la denuncia se ampliará a todo el Directorio del BCB por su participación en la toma de decisiones.
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