Viceministro García tras sentencia a Santos Cruz: "Este patrimonio ahora tiene que retornar al Estado"

Tras tres años de un complejo proceso investigativo, la justicia boliviana dictó sentencia condenatoria en primera instancia contra el exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, sentenciándolo a 10 años de privación de libertad. El fallo también alcanza a otros tres funcionarios, con penas que oscilan entre los 4 y 10 años de cárcel, por la estructuración de una red de extorsión y corrupción pública.

El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, calificó el veredicto como un "hito" para el Estado. Según la autoridad, la investigación patrimonial reveló un incremento ilícito de más de 19 millones de bolivianos, dinero que fue utilizado para la compra masiva de bienes raíces.

"Se han podido comprobar estos movimientos económicos que involucran aproximadamente a la adquisición de 30 bienes inmuebles. Incluso el sobrino, que era utilizado como testaferro, como 'palo blanco' del exministro, había generado adquisiciones de cinco inmuebles en el mismo día en Beni y Tarija", afirmó García.

Estructura criminal y recuperación de activos

La sentencia no solo establece la cárcel para los involucrados, sino también su inhabilitación para ejercer cargos públicos y, fundamentalmente, la recuperación de los activos obtenidos ilícitamente. García explicó que el modus operandi consistía en la exigencia de porcentajes económicos a cambio de adjudicaciones en procesos de contratación estatal.

"El origen de la adquisición de estos 30 bienes inmuebles tenía como antecedentes recursos públicos. Es en esa lógica que jurídicamente se ha establecido que ese patrimonio ahora tiene que retornar al Estado boliviano", sentenció el viceministro.

Corrupción "institucionalizada" y nuevas investigaciones

La autoridad fue enfática al señalar que este caso no es un hecho aislado, sino que refleja una práctica que se habría "institucionalizado" en diversas entidades. García mencionó que las investigaciones actuales apuntan a redes similares en sectores estratégicos como hidrocarburos y energía, mencionando específicamente a familiares del exmandatario.

"Las investigaciones que actualmente tenemos en curso dan cuenta que el señor Luis Marcelo Arce Mosqueira hubiera también generado este tipo de redes al interior de YPFB y el señor Rafael hubiera hecho lo mismo en la entidad pública de ENDE", declaró la autoridad.

Próximos objetivos: Salud e Infraestructura

El Viceministerio de Transparencia informó que mantiene abiertas más de 1.300 causas por corrupción y legitimación de ganancias ilícitas. Entre los casos más próximos a generar resultados se encuentran irregularidades en la Aduana, contrataciones en el Ministerio de Salud y proyectos de infraestructura con graves falencias.

García puso especial énfasis en la investigación sobre el Instituto Gastroenterológico de cuarto nivel, donde se detectaron omisiones técnicas alarmantes:

"Un hospital de cuarto nivel debería tener un helipuerto y en este caso no se ha evidenciado el cumplimiento. Lo que es mucho peor, se han observado falencias estructurales como deslizamientos en uno de los laterales", detalló, asegurando que la fiscalización abarcará desde los estudios de suelos hasta la planificación inicial.

Finalmente, el viceministro destacó que el Gobierno ha implementado mecanismos para facilitar denuncias anónimas y seguras mediante códigos QR, una iniciativa que cuenta con el respaldo de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).