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Operativo en el río Madre de Dios causó un daño de $us. 1,5 millones a la minería ilegal

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, detalló que se logró la captura de un total de 57 personas y la destrucción de al menos 27 dragas.

57 personas fueron aprehendidas durante el operativo (Foto: APG Bolivia)
Beni, Bolivia

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En un contundente operativo policial llevado a cabo en el río Madre de Dios, Beni, se logró la destrucción de al menos 27 dragas utilizadas en la extracción ilegal de oro. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que este operativo ha ocasionado un daño económico superior a los $us 1,5 millones a la Minería Ilegal.

Durante una conferencia de prensa, el ministro Del Castillo detalló que se logró la captura de un total de 57 personas involucradas en esta actividad ilícita, entre las cuales se encuentran 54 varones y tres mujeres. Además de la destrucción de las dragas, también se incautaron productos nocivos para la salud, como mercurio, ampliamente empleado en la explotación minera ilegal, así como combustible, cuatro armas de fuego y municiones.

Este operativo fue el resultado de trabajos previos de inteligencia y seguimiento llevados a cabo por la Policía durante más de una semana. Los agentes policiales permanecieron en la zona con el objetivo de identificar a los responsables de esta actividad ilegal de extracción de oro. El operativo se llevó a cabo entre las comunidades de Candelaria y Miraflores, ubicadas en las riberas del río Madre de Dios, donde también existe actividad minera legal.

Más de 90 policías, junto con el personal de la Fiscalía Departamental de La Paz, participaron en este operativo, que fue llevado a cabo en respuesta a una denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno.

Las personas aprehendidas fueron trasladadas a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en la ciudad de La Paz. Una vez que presten sus declaraciones, serán presentadas ante un juez cautelar, quien determinará si serán puestas en libertad o si deberán enfrentar su proceso desde la cárcel.

Los involucrados son procesados por la denuncia de explotación ilegal de recursos minerales, un delito que conlleva una pena de prisión de cuatro a ocho años. 

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