Aguirre plantea condonación de deuda y devolución de competencias al Gobierno

La vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, anunció este viernes una reducción del gasto público y nuevas gestiones para enfrentar la crisis financiera que atraviesa la Gobernación cruceña. Entre las medidas previstas se encuentra un recorte del 25% en el funcionamiento institucional, la reducción de secretarías departamentales y la solicitud de condonación de la deuda interna.

“La próxima semana los secretarios presentarán el plan de reducción en un 25% y estamos trabajando en una ley departamental de reducción de Secretarías, porque a la fecha por falta de recursos económicos solo el 30% de los programas de la gobernación cruceña están funcionando”, indicó Aguirre.

Sobre la reunión que sostendrá mañana el gobernador Juan Pablo Velasco con el Gobierno, la vicegobernadora adelantó que se está articulando una propuesta conjunta, por ello ayer se reunieron con las autoridades de la universidad pública y hoy tiene previsto reunirse con el alcalde Mamen Saavedra.

“Estamos articulando esfuerzos en conjunto, no vamos a ir con una demanda particular de la Gobernación, estamos trabajando en una agenda en común, en una distribución que es el 50-50 y ese esfuerzo será trasladado mañana en este encuentro nacional con el Gobierno”, dijo.

En materia económica, la vicegobernadora explicó que junto al secretario de Hacienda se prepara una solicitud formal de condonación de la deuda interna, argumentando que gran parte de los créditos fueron destinados a obras de alto impacto.

“Si existe la voluntad del centralismo de poder ayudar a salir de la difícil situación económica que enfrentan las Gobernaciones y los municipios, esta es una medida ágil que puede darnos cierto margen de planificación”, acotó.  

Para concluir, Aguirre aguarda que en este encuentro se pueda consolidar un acuerdo de buena fe que se alcanzó con el Gobierno que está relacionado con la competencia del pago del prediario a la población carcelaria del departamento cruceño.

“Dejar de pagar el prediario significa tener Bs 40 millones disponibles al año para cumplir con otros sectores vulnerables, como es el pago de las becas alimenticias y el apoyo complementario para los niños de provincias”, señaló.