Alertan por aumento de casos de violencia contra mujeres en Bolivia

El asesinato de una mujer en la zona Primero de Mayo de la ciudad de El Alto, ocurrido a plena luz del día el jueves, volvió a poner en evidencia la gravedad de la violencia contra las mujeres en Bolivia y expone una crisis con 22 feminicidios en lo que va del año.

Desde la Coordinadora de la Mujer, su directora ejecutiva, Tania Sánchez, lamentó la recurrencia de estos hechos y advirtió que no se trata de casos aislados, sino de una problemática estructural que continúa agravándose.

Según datos expuestos por la organización, en lo que va del año se registraron 22 feminicidios y más de 8.000 denuncias por violencia, además de 62 tentativas de feminicidio, lo que refleja una situación alarmante y sostenida.

“La violencia contra las mujeres no es un problema del pasado, es una crisis latente y urgente que aún está naturalizada en nuestra sociedad”, afirmó.

El análisis de estos casos evidencia que muchos feminicidios estuvieron precedidos por denuncias o antecedentes de violencia que no fueron atendidos de manera oportuna. A ello se suma que, en la mayoría de los hechos, los agresores pertenecen al entorno cercano de las víctimas, como parejas, exparejas o familiares, lo que refuerza el carácter estructural del problema y la necesidad de intervención temprana.

Otro aspecto crítico es el bajo nivel de denuncias. Se estima que ocho de cada diez mujeres no acuden a instancias legales, principalmente por miedo, desconfianza en las instituciones o por la falta de respuestas efectivas. Incluso cuando se presentan denuncias, menos del 6% llega a una sentencia, lo que evidencia serias limitaciones en el acceso a la justicia y en la protección de las víctimas.

En paralelo, la carga económica de denunciar también se convierte en un obstáculo. El proceso implica gastos en traslados, trámites y tiempo laboral, lo que impacta directamente en la estabilidad de las mujeres, especialmente aquellas que sostienen a sus familias. Este escenario contribuye a que muchas víctimas opten por el silencio, perpetuando el ciclo de violencia.

Para Sánchez, estos crímenes ya no pueden considerarse impulsivos, sino que presentan indicios de planificación y una escalada en la brutalidad.

“No podemos seguir actuando después de que los hechos ocurren. Es urgente fortalecer la prevención y garantizar una respuesta efectiva de las instituciones”, sostuvo.

Dijo que la situación, respaldada por informes de la Defensoría del Pueblo, evidencia la necesidad de reforzar políticas públicas, mejorar la atención a las víctimas y trabajar en la desnaturalización de la violencia desde distintos ámbitos, incluyendo el sistema educativo y los medios de comunicación.