03/12/2021 - 08:24

Envían a la cárcel a los instigadores del linchamiento en Vacas

Familiares indican que los jóvenes no tenían antecedentes penales.

Redacción

Red Uno de Bolivia

Vacas, Cochabamba

Un juez determinó detención preventiva por 6 meses en la cárcel de “El Abra” para Benedicto Ramírez Callizaya chofer (víctima del robo de su auto) y el dirigente Felipe Gutiérrez Camacho de la zona. Ambos serán acusados por asesinato, habrían instigado para el linchamiento de dos jóvenes en el municipio de Vacas.

El video publicado en las redes sociales destapó el hecho ocurrido en la comunidad de Totora Pampa. De acuerdo con la Policía, las dos víctimas son Juan Carlos Arias y Rafael Gonzáles Quispe, de 28 y 22 años, quienes fueron acusados de haber robado una vagoneta a un comunario.

Ambos jóvenes fueron rodeados, golpeados, ahogados, quemados vivos y enterrados en un barranco. Mientras tanto los familiares de los jóvenes linchados piden justicia y señalaron que no tenían antecedentes penales y trabajaban como agricultores.

“No son animales, las condiciones en que mi primo a muerto son horribles, los golpearon, quemaron, no satisfechos con eso los ahogaron, después de un día los sacaron de eso lugar y los enterraron (…) ¿Cómo es posible que le hayan hecho sufrir tanto? Yo pido justicia para mi hermano, se trabajaba de albañil”, declararon las hermanas de las víctimas.

El Comandante Departamental de la Policía, Rubén Darío Lobatón, señaló que entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de este año se procedió a la aprehensión de Benedicto R. C y Felipe G. C., quienes serían los incitadores y responsables de haber desaparecido los cadáveres.

Tras su aprehensión, Benedicto contó haber sido víctima de los dos jóvenes, quienes haciendo uso de un arma de fuego habrían procedido a reducirlo, maniatarlo y a robarle su vagoneta.

“Me han seguido, me rebasaron y han disparado a mi auto para que me detenga. Luego me han apuntado con el arma y me han obligado a que salga, me han dicho que me tire al piso y ahí me han amarrado mis pies y mis manos, además me han tapado mi boca (…)”, relató el aprehendido.

El Ministro aclaró que este caso no corresponde a “justicia comunitaria”, sino asesinato. Ese delito se castiga con la pena máxima, de 30 años. Dijo que los comunarios, que tenían reducidos a los presuntos delincuentes, debieron reportar el robo a los efectivos policiales y autoridades correspondientes, y seguir el proceso penal.

 

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