Fiscal General analiza proposiciones acusatorias contra Luis Arce para remitirlas a la Asamblea Legislativa

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó este jueves que el Ministerio Público recibió nuevas proposiciones acusatorias para juicio de responsabilidades contra exautoridades, entre ellas prefectos, gobernadores y el expresidente del Estado Luis Arce, cuyo mandato concluyó el pasado 8 de noviembre, fecha en la que fue posesionado el nuevo jefe de Estado.

Mariaca explicó que estas proposiciones están siendo procesadas conforme a la normativa vigente.

“Sí, le comento que han llegado proposiciones acusatorias para que en su momento, prefectos o gobernadores, como también para el señor presidente del Estado. Nosotros, dando cumplimiento a lo que corresponde, se va a remitir a la Asamblea Legislativa”, afirmó en rueda de prensa.

El fiscal general también confirmó que existen procesos penales vinculados a los hijos del exmandatario, los cuales se encuentran en etapa de análisis final para la emisión de resoluciones.

“Así también, con relación a los procesos penales que pudieran tener los hijos de esta persona, del presidente que acaba de cumplir su mandato, se están analizando ya para emitir las resoluciones correspondientes, estando vencida la etapa preliminar. De manera objetiva, el Ministerio Público va a realizar lo que corresponde en los diferentes procesos en los que hay denuncias en contra de él”, sostuvo.

Mariaca aclaró que varias de estas denuncias son recientes, debido a que el expresidente dejó el cargo hace pocas semanas. Además, informó que no todas las proposiciones acusatorias cumplen los requisitos legales, por lo que algunas han sido observadas.

“Son nuevas, no nos olvidemos que recién acaba de dejar el mandato el 8 de noviembre. Como se dice, ha sido posesionado el nuevo presidente y cumplen un procedimiento. Nosotros estamos remitiendo, dando cumplimiento. Algunas son observadas porque no cumplen el procedimiento; nótese que tiene que existir una proposición acusatoria por esa persona o por esa entidad que considera que el presidente o sus ministros han cometido delito”, explicó.

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