Multisectores se suman en rechazo a la posible abrogación de la Ley 1720

En una serie de pronunciamientos conjuntos emitidos en las últimas horas, las instituciones más representativas del sector productivo boliviano manifestaron su rechazo rotundo ante la posible abrogación de la Ley 1720 de Reconversión de Tierras.. Las organizaciones coinciden en que esta medida, lejos de solucionar problemas agrarios, generará incertidumbre y frenará la inversión en el campo.

Exportadores advierten frenazo económico

La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) y la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex) señalaron que la Ley 1720 es fundamental para que los pequeños productores puedan escalar su producción y acceder a financiamiento. Según Cadex, golpear este eslabón limita las oportunidades de traer divisas al país, vitales en el contexto de la crisis económica actual.

Por su parte, la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC) denunció que la abrogación responde a "presiones externas", lo que atenta contra la soberanía productiva y condena a miles de campesinos a la informalidad.

"El país necesita reglas claras, estabilidad y políticas que impulsen la producción y las exportaciones, no medidas que incrementen la incertidumbre", se lee en el Comunicado de Caneb.

El transporte se declara en emergencia

La Cámara de Transporte del Oriente fue un paso más allá al declararse en Estado de Emergencia Inmediato. El sector transporte argumenta que sin seguridad jurídica sobre la tierra, la producción agrícola disminuye, afectando directamente la demanda de fletes y agravando la recesión que ya sufre el sector debido a la crisis de diésel.

Conoce las principales preocupaciones de cada sector

• Exportadores (Caneb y Cadex): Advierten que la eliminación de la ley frenará el crecimiento de las exportaciones no tradicionales y limitará el ingreso de divisas necesarias para el país.

• Empresarios Privados (FEPSC): Señalan que la medida afecta principalmente a los pequeños productores, dejándolos en la inseguridad jurídica y la informalidad.

• Sector Transporte: Se han declarado en Estado de Emergencia, argumentando que la falta de producción agrícola reducirá drásticamente el movimiento de carga, agravando la crisis que ya enfrentan por la escasez de diésel.

• Comité Multisectorial: Exige la anulación de medidas que vulneren la seguridad jurídica y propone la creación de mesas técnicas de diálogo.

El Comité Multisectorial, que aglutina a diversos sectores laborales y ciudadanos, se sumó a las demandas de la CAO, Anapo y Fegasacruz. Exigen la inmediata anulación de cualquier medida que vulnere la seguridad jurídica y proponen la apertura de mesas técnicas con todos los actores —productores e indígenas— para perfeccionar las normas en lugar de abrogarlas.