“No es una exageración, en Bolivia hay cárteles”, indicó el analista de seguridad Santistevan

El Coronel Jorge Santistevan, analista de Seguridad de Estado, ha revelado datos alarmantes sobre la creciente influencia del Primer Comando da Capital (PCC) en territorio boliviano. Según un informe basado en inteligencia brasileña y el monitoreo conjunto con Interpol y la DEA, al menos 146 miembros del PCC han sido identificados en Bolivia, posicionando al país como el tercer con mayor presencia de esta organización criminal fuera de Brasil.

El PCC, considerado el grupo delictivo más poderoso del Brasil, ha extendido sus redes criminales a 28 países de América, Europa, Asia y África, y Bolivia se ha convertido en uno de sus centros estratégicos de operaciones, tanto por su ubicación geográfica como por la debilidad estructural del Estado.

“No es una exageración, en Bolivia hay cárteles. Negarlo es negligencia y tapar una realidad que ya está desbordando”, afirmó Santistevan en una entrevista con El Mañanero.

Una estructura criminal sofisticada y descentralizada

El PCC ha montado una compleja red operativa en Bolivia, compuesta por células especializadas en reclutamiento, alianzas criminales, acopio, procesamiento de droga y exportación internacional. Esta estructura, según Santistevan, se comporta como una corporación con funciones bien definidas, lo que les permite operar con eficacia incluso desde las cárceles del país.

Actualmente, 75 integrantes de alto perfil del PCC se encuentran detenidos en cárceles bolivianas, pero continúan operando desde el interior, organizando actividades delictivas que abarcan narcotráfico, lavado de dinero y expansión territorial.

El informe destaca que Bolivia es utilizada como centro de acopio y tránsito de droga proveniente del Perú, aprovechando la existencia de cultivos excedentarios de coca y la capacidad instalada para montar laboratorios clandestinos.

“Aquí se elabora la pasta base, se transforma en cocaína y se transporta al exterior. Por eso el PCC ha encontrado un terreno fértil para expandirse más que en otros países”, explicó Santistevan.

Además, se advirtió sobre la participación de clanes familiares bolivianos que han evolucionado hasta convertirse en pequeños cárteles. Estos grupos locales facilitan las operaciones de grandes organizaciones como el PCC y el Cártel del Golfo, al establecer alianzas y reclutar personal, convirtiéndose en eslabones esenciales del crimen transnacional.

Santistevan señaló como principales factores de esta penetración criminal la corrupción y la falta de control en el sistema judicial y penitenciario boliviano, que permiten a estas organizaciones operar con impunidad.

“El entramado entre policías, políticos, autoridades y sectores de la sociedad que se vinculan con el crimen organizado convierte al país en un campo fértil para el narcotráfico”, sentenció.

Con cifras que superan los 1.500 miembros del PCC fuera de Brasil —699 en Paraguay, 656 en Venezuela, 146 en Bolivia y 140 en Uruguay—, el avance del crimen organizado en Sudamérica exige respuestas urgentes.

La advertencia de Santistevan es clara, Bolivia no puede seguir ignorando la presencia y el crecimiento de estos grupos criminales. La desarticulación de estas redes requiere no solo operativos policiales, sino también una reforma profunda en las estructuras del Estado.

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