Paso a paso: cómo tramitar compensaciones por la gasolina desestabilizada

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y representantes del sector de mototaxistas definieron un mecanismo para atender los reclamos por presuntos daños en vehículos atribuidos a la calidad de la gasolina.

El acuerdo fue establecido en una primera mesa técnica realizada en Santa Cruz y se enmarca en el acta firmada el pasado 9 de febrero. El procedimiento contempla exclusivamente la indemnización a través de una póliza de seguro.

¿Cómo iniciar el trámite?

Las personas afectadas deberán llenar un Formulario de Registro de Afectación y presentar una declaración jurada, acompañada de la documentación de respaldo correspondiente.

Entre los requisitos se encuentran:

•  RUAT o documento de transferencia

•  SOAT vigente

•  Carnet de identidad

•  Número de cuenta bancaria o billetera móvil

•  Datos de contacto

•  Facturas o recibos de reparación (si corresponde)

•  Información del taller mecánico

De manera excepcional, quienes no cuenten con documentos de propiedad podrán presentar una certificación emitida por su federación. Sin embargo, este recurso será limitado a casos específicos.

Tipos de daños y evaluación técnica

El acuerdo establece tres niveles de afectación:

• Daños leves

• Daños graves

• Daños gravísimos

Estos incluyen desde reparaciones parciales de culata hasta la reconstrucción total del motor.

La clasificación y el monto de la compensación no serán automáticos. Cada caso será sometido a un peritaje técnico, que determinará la magnitud del daño y si corresponde o no el resarcimiento económico.

Próximas acciones

YPFB se comprometió a agilizar las gestiones con la aseguradora para atender los reclamos en el menor tiempo posible. Asimismo, convocará a una nueva mesa técnica el próximo 19 de febrero.

En ese encuentro, junto a la ANH, se informará sobre las medidas implementadas para reforzar los controles de calidad del combustible.

El acta firmada establece que los acuerdos se ajustan a la normativa vigente y no generan obligaciones adicionales fuera de las expresamente definidas.