Juntas vecinales instalaron puntos de bloqueo en la Av. Blanco Galindo, a la altura del puente Huayculi, en el río Khora, y Vinto.
16/03/2022 13:27
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La mañana de este jueves, juntas vecinales instalaron distintos puntos de bloqueo en la carretera que une Cochabamba con el occidente del país. Los movilizados piden la anulación del "impuestazo" al derecho propietario, por parte de la gobernación, en la regularización de sus terrenos, ubicados en Alto Vinto, al sur de dicho municipio.
Así, una gran cantidad de personas bloquearon en Vinto, en el río Khora, en el puente Huayculi y en Quillacollo con ramas, llantas y lo que encontraron al costado de la carretera. Dirigentes denuncian que en el formulario 770, habría un cobro del 20% adicional. Esto perjudica a 800 familias del sector. Explicaron que tomaron la medida, luego del fracaso del dialogo con la Gobernación.
"Tenemos que hacer este tipo de acciones por incumplimiento de las autoridades. Desde el año pasado estamos trabajando con la Gobernación en el no cobro del formulario 770 a todas las sentencias obtenidas a través de la ley 247. En ninguna parte de la ley, se habla de exigir el formulario al momento de inscribir en Derechos Reales", informó un dirigente.
Agregaron que en agosto del año pasado se firmó un convenio para la elaboración de una norma que establezca estos aspectos, la cual no se hizo y por eso decidieron bloquear. Adelantaron que mañana se masificará la medida si el Gobernador no les lleva la ley lista.
Cientos de personas que circulan entre Vinto, Quillacollo y Cochabamba, además del transporte de pasajeros y carga pesada que va a Oruro e incluso Perú, se vieron perjudicadas en llegar a su destino. Los transeúntes se vieron obligados a realizar trasbordos.
Desde la Gobernación, respondieron que están amparados en la Ley 803 sobre el pago de Impuestos a la Transferencia, el cual no puede ser anulado.
"Se les ha explicado que técnica y legalmente esta postura es inviable. No podemos generar que se responsabilice al gobernador y asambleístas por daño económico", explicó Patricia Sánchez, directora de Asuntos Jurídicos de la Gobernación.
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