Productores arroceros advierten con bloqueos ante aguda escasez de diésel

Los productores arroceros han declarado un estado de emergencia. Denuncian que la escasez del combustible ya pone en riesgo la siembra de arroz para el ciclo 2025-2026, lo que podría comprometer la seguridad alimentaria del país en los próximos años.

David Pérez, productor arrocero, explicó que el poco diésel que llega a los surtidores es acaparado en un 80 a 90% por revendedores que operan en complicidad con algunas estaciones de servicio, dejando sin acceso al combustible a quienes realmente lo necesitan para la producción agrícola.

“Nos roban de frente. Terminamos comprando el diésel a revendedores entre 12 y 15 bolivianos el litro. ANH y Sustancias Controladas no hacen nada”, afirmó Pérez, visiblemente molesto.

La siembra grande de arroz está prevista para comenzar en los próximos días, pero los productores advierten que, sin combustible, será imposible cumplir con el calendario agrícola. “Lo que está en riesgo es la producción del 2026. El arroz que consumirá el país el próximo año ya está asegurado, pero lo que viene después no”, dijo Pérez.

Según los productores, ocho de cada diez bolivianos consumen arroz diariamente, por lo que la situación podría tener un fuerte impacto en los mercados y en los hogares si no se resuelve pronto.

Pérez también denunció trabas burocráticas para transportar diésel importado. Asegura que, aunque tienen solicitudes por hasta medio millón de litros de diésel importado, la ANH y Sustancias Controladas dificultan el traslado con exigencias como permisos que tardan meses y requerimientos técnicos imposibles de cumplir, como tener surtidores en propiedad privada.

Ante esta situación, el sector se reunirá esta noche para tomar medidas drásticas. Las opciones que se manejan van desde tractorazos hasta bloqueos de carreteras y toma de instituciones públicas. “Ya no hay paciencia. Le pedimos directamente al presidente: no nos traben, déjennos producir”, concluyó Pérez.

Los arroceros de Beni y Santa Cruz se encuentran en coordinación con otros sectores afectados, incluidos transportistas que también enfrentan demoras de hasta ocho días para cargar combustible. La tensión crece, y las medidas de presión podrían activarse en las próximas horas si no hay una respuesta concreta del Gobierno.